(Expansión, 01-07-2026) | Laboral
La Seguridad Social está enviando cartas a trabajadores próximos a la edad ordinaria de jubilación para animarles a retrasar su retiro y prolongar su vida laboral a cambio de incentivos económicos. En estas comunicaciones se destaca que aplazar la jubilación puede generar "importantes beneficios", en un contexto marcado por la creciente preocupación sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El debate sobre la viabilidad financiera de las pensiones sigue muy presente en España. A pesar de las reformas introducidas en los últimos años para reforzar los ingresos del sistema, factores como el envejecimiento demográfico, el aumento constante del número de pensionistas y la revalorización anual de las prestaciones conforme al IPC continúan presionando el gasto público.
La nómina mensual de pensiones alcanzó en junio un nuevo máximo histórico de 14.397 millones de euros, más del doble de los 6.867 millones registrados en 2010. La pensión media se sitúa ya en 1.371 euros mensuales, un 74,5% más que hace quince años, mientras que el sistema soporta 10,49 millones de prestaciones, un 20% más que en 2010.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, actualmente presidida por Inés Olondriz, avaló recientemente con reservas la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno, aunque advirtió de que no resuelve el problema estructural de sostenibilidad. Según sus estimaciones, el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones podrían elevar la deuda pública hasta el 123% del PIB en 2050.
Otros análisis son aún más contundentes. Un estudio de CEU Cefas sostiene que España debería elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 73 años para asegurar el equilibrio del sistema. El informe subraya además que, entre 2010 y 2025, la pensión media creció entre un 65% y un 70%, mientras que los salarios solo avanzaron entre un 22% y un 25%.
Ante esta presión, el Gobierno ha introducido mecanismos para aumentar ingresos y contener el gasto. Entre ellos figura el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que incrementa gradualmente las cotizaciones sociales, así como diversos incentivos para retrasar la jubilación, compatibilizar empleo y pensión o incluso regresar al mercado laboral después del retiro.
Uno de los principales incentivos para retrasar la jubilación consiste en un aumento vitalicio del 4% de la pensión por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria. Ese incremento adicional puede traducirse en subidas mensuales de entre 24 y 134 euros, dependiendo de la cuantía inicial de la pensión, e incluso permitir superar el tope máximo de pensión pública en determinados casos.
Para quienes prefieran cobrar el incentivo de una sola vez, existe la opción de un pago único al acceder a la jubilación. En los casos de carreras de cotización superiores a 44,5 años, este incentivo puede alcanzar hasta 13.820 euros por cada año de retraso. Para quienes hayan cotizado menos tiempo, el importe máximo se reduce ligeramente.
La Seguridad Social también contempla una fórmula mixta que combina una mejora porcentual de la pensión con un pago único. Esta alternativa está pensada especialmente para retrasos prolongados y exige, al menos, aplazar la jubilación durante dos años.
Otra vía consiste en compatibilizar el cobro de la pensión con la continuidad en el empleo, mediante la llamada jubilación activa. Para acogerse a esta modalidad, es necesario retrasar la jubilación al menos un año. El porcentaje de pensión que puede cobrarse mientras se sigue trabajando aumenta en función del tiempo de demora: un 45% si se retrasa un año, un 55% con dos años, un 65% con tres y un 80% con cuatro.
A partir del quinto año de retraso, el trabajador puede cobrar ya el 100% de la pensión mientras continúa en activo. Además, cada año adicional en situación de jubilación activa incrementa en cinco puntos ese porcentaje, hasta alcanzar el máximo permitido. También se reducen las cotizaciones sociales del jubilado activo, limitándose a determinadas contingencias.
Entre las reformas más recientes aprobadas por el Ejecutivo destaca además la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral tras haberse jubilado. Esta medida permitirá compatibilizar salario y pensión con jornadas que podrán oscilar desde un tercio hasta el 80% de la jornada laboral ordinaria, ampliando así las opciones de flexibilidad para quienes deseen seguir trabajando después del retiro.