(Expansión, 21-07-2025) | Laboral
La Seguridad Social intentará alcanzar un acuerdo en la segunda mitad del año para revisar las tablas de rendimientos de los trabajadores autónomos correspondientes a los años 2026, 2027 y 2028, lo que implicaría un aumento en sus cotizaciones. No obstante, el Ejecutivo lo tiene complicado para lograr un consenso respecto a la actualización de las cuotas de los autónomos previstas para esos años. Este proceso de revisión está contemplado en la reforma del sistema de cotización en función de ingresos reales, aprobada en 2022 y puesta en marcha en 2023.
En julio, el Ministerio de Seguridad Social inició las negociaciones en el marco del diálogo social ampliado, en el que participan patronales, sindicatos y asociaciones de autónomos, con el objetivo de pactar las nuevas tablas. Estas incluyen quince tramos de cotización, cada uno con su base mínima y máxima, así como la cuota mensual correspondiente.
Sin embargo, ni en este foro de diálogo ni en el posterior trámite parlamentario -necesario porque las tablas están incluidas en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2022 que regula la implantación progresiva del nuevo sistema de cotización en el RETA- el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante la reforma. Pese a la falta de acuerdos, el Ejecutivo prevé presentar en septiembre una propuesta concreta de nuevas cuotas en la mesa de negociación.
Según establece dicha disposición transitoria, el Gobierno deberá fijar antes del 1 de enero de 2026 el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que contemplará el desarrollo de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización durante un período de hasta seis años.
Por su parte, la asociación ATA, que representa a los autónomos, ya ha adelantado que no participará en la negociación mientras no se resuelvan dos cuestiones clave que ha planteado al Ministerio dirigido por Elma Saiz. Una es la devolución de las aportaciones en exceso que se han cobrado a los autónomos en pluriactividad. La otra es el criterio que impide a los autónomos societarios mantener bases de cotización superiores a sus rendimientos netos, algo que sí se permite a los autónomos personas físicas si lo venían haciendo antes del nuevo sistema.
También está pendiente la evaluación de la primera regularización de cuotas realizada por la Seguridad Social, que ha finalizado recientemente. Desde ATA insisten en que esta revisión debe completarse antes de abordar la negociación de las nuevas tablas para los próximos tres años. Este análisis es fundamental, ya que las futuras tablas supondrán en general un aumento de las cuotas, con subidas más acusadas en los tramos de ingresos más altos. Por tanto, es crucial conocer cuántos autónomos se sitúan en cada tramo para negociar con fundamento. Estas disfunciones denunciadas por ATA, junto con la falta de evaluación previa, dificultan un acuerdo, al que tampoco están dispuestas a sumarse CEOE y Cepyme, actores clave en el primer nivel del diálogo social.
A pesar de ello, el Ministerio aún podría cerrar un pacto con el resto de interlocutores en la mesa de diálogo. Pero el verdadero escollo surgiría en el Congreso, donde además del previsible rechazo del PP y Vox, el Gobierno necesitaría convencer a formaciones como Junts o PNV, que ya se han mostrado contrarios a otras medidas que elevan los costes para pymes y autónomos, como la reforma de la jornada laboral. De hecho, Junts ha presentado una enmienda a la totalidad a dicha reforma, lo que ha forzado su aplazamiento.
Además, para sacar adelante el texto en el Parlamento, sería imprescindible que el Ejecutivo lograra un consenso amplio con las organizaciones empresariales en la mesa de diálogo, algo que las formaciones más reticentes consideran indispensable, pero que se antoja difícil dada la posición de rechazo inicial de ATA.
A este contexto de falta de acuerdos y debilidad parlamentaria se suma la creciente incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno y la posibilidad de un adelanto electoral. Este escenario hace que algunos partidos adopten una actitud más cautelosa frente a una medida que puede resultar impopular por implicar un aumento de las cuotas para la mayoría de los autónomos.
Fuentes cercanas al diálogo social han señalado a EXPANSIÓN que, si el Ejecutivo no logra un acuerdo para actualizar las tablas, podría optar por prorrogar en 2026 la tabla vigente en 2025. Esta medida daría más margen de adaptación a los autónomos, permitiría avanzar en la regularización de las cotizaciones de 2024 y 2025, y ayudaría a disponer de una visión más clara del esfuerzo contributivo que están realizando los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia actualmente registrados en el Régimen Especial.