(El País, 12-03-2026) | Laboral
El Gobierno ha puesto en marcha una serie de reuniones con representantes políticos, económicos y sociales con el objetivo de preparar posibles medidas frente a la crisis energética provocada por el aumento de la tensión militar en Oriente Próximo. Este jueves será el turno de los agentes sociales, en un encuentro al que acudirán cinco ministros -entre ellos las tres vicepresidentas del Ejecutivo- junto con los líderes de los sindicatos CC OO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
Así lo ha adelantado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista en TVE. El titular de Economía ha señalado que el encarecimiento del petróleo y del gas derivado del conflicto podría tardar entre cuatro y diez días en trasladarse plenamente a los consumidores, en forma de aumentos en los precios de la gasolina y el diésel. En ese margen de tiempo, el Ejecutivo pretende ultimar un paquete de medidas para hacer frente a la situación, que incluiría un nuevo escudo social con iniciativas económicas y sociales destinadas a reducir el impacto del conflicto en la economía de los hogares.
A la reunión prevista para este jueves asistirán, además de Cuerpo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. También participará la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
La semana pasada, la ministra de Trabajo ya mantuvo un primer encuentro con los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Por parte de las organizaciones empresariales solo acudió la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, mientras que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no pudo asistir por motivos de agenda. En aquella reunión, Díaz trasladó a los interlocutores sociales que el Ejecutivo está dispuesto a poner en marcha todas las políticas públicas necesarias para proteger a trabajadores y empresas frente a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo. Además, se acordó que los equipos técnicos de las distintas partes seguirán de cerca la evolución de la situación en el marco del diálogo social para analizar su impacto en el mercado laboral y activar de forma inmediata las medidas disponibles si fuera necesario.
Los sindicatos solicitaron entonces a la ministra de Trabajo la convocatoria de un encuentro más amplio en el que participaran todos los responsables económicos del Gobierno con capacidad para impulsar medidas de respuesta a la crisis, más allá de las relacionadas exclusivamente con el empleo.
En esa misma reunión, Díaz planteó algunas posibles actuaciones que irían más allá de las medidas laborales, dentro de un escudo social más amplio. Entre ellas se mencionaron iniciativas como recuperar bonificaciones al gasóleo o ampliar las prórrogas de los contratos de alquiler que estén próximos a vencerse, una propuesta defendida por Sumar.
Por otro lado, el sindicato de funcionarios CSIF también ha pedido al Gobierno la puesta en marcha de un plan de contingencia específico para las administraciones públicas ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Irán. Entre sus propuestas figuran el refuerzo de plantillas y servicios sociales, la creación de un fondo extraordinario para las administraciones, la puesta en marcha de un plan de eficiencia energética en los edificios públicos y medidas para proteger el empleo. Asimismo, solicita fortalecer organismos como el SEPE y la Seguridad Social y crear una mesa de seguimiento dentro de las administraciones públicas, al considerar que, en situaciones de crisis, los servicios públicos constituyen el principal apoyo para la ciudadanía.