(El País, 05-06-2025) | Fiscal
El Gobierno se verá obligado a repetir la evaluación del sistema de pensiones que realizó recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la cual, el pasado 31 de marzo, concluyó que no era necesario aplicar ajustes. Esta nueva revisión responde a las exigencias de la Comisión Europea en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los fondos europeos del plan de recuperación postpandemia. A pesar de que la ley establece que dicha evaluación debe realizarse cada tres años, ahora deberá repetirse antes del 1 de junio de 2026, apenas un año después del último análisis. Así lo recoge un proyecto de real decreto del Ejecutivo que se tramitará por la vía urgente y que previsiblemente entrará en vigor en unos tres meses.
En esta revisión extraordinaria no se considerarán las transferencias fiscales del Estado a la Seguridad Social que el Gobierno incorporó anteriormente como ingresos adicionales con el fin de evitar ajustes. Según el borrador legal al que ha accedido El País, esas partidas se han excluido para que la evaluación refleje de forma más precisa la sostenibilidad real del sistema.
Fuentes cercanas explican que la Comisión Europea mostró su malestar porque dichas transferencias distorsionaban el diagnóstico financiero del sistema de pensiones, trasladando el déficit a otras partes del presupuesto público. Esta práctica vulneraba el espíritu de la reforma pactada en el marco de los fondos Next Generation EU, por los cuales España ya había recibido importantes cantidades. Como resultado, durante la actual revisión del cumplimiento de hitos para liberar un nuevo tramo de fondos, los técnicos comunitarios determinaron que el compromiso no se había cumplido debidamente y se bloqueó el desembolso. En términos técnicos, Bruselas considera que el hito ha sido revertido.
Desde el Gobierno se argumenta que este nuevo informe solicitado a la Airef no constituye una reevaluación completa, sino un análisis adicional que pretende reforzar la transparencia y aportar más claridad sobre factores como los ingresos derivados de la reforma laboral, los aranceles o las revisiones del PIB. "No es una nueva evaluación, sino un ejercicio de transparencia para afianzar la confianza en la sostenibilidad del sistema", aseguró un portavoz del Ejecutivo.
Sin embargo, Bruselas se ha mantenido firme en sus exigencias. La Comisión ha advertido que, de no corregirse adecuadamente el proceso, el Tribunal de Cuentas Europeo podría exigir la devolución de los fondos ya entregados, lo que implicaría posibles responsabilidades para los propios funcionarios comunitarios.
La evaluación original de la Airef en 2023 estimaba que el sistema necesitaba un ajuste equivalente al 0,8% del PIB -unos 12.000 millones de euros-. Pero el Gobierno modificó las reglas del cálculo al incluir como ingresos las transferencias del Estado, ya previstas y, por tanto, sin impacto real adicional. Además, ese cambio afectaba negativamente al equilibrio general de las finanzas públicas, generando una duplicidad contable. Por ello, la Comisión ha obligado a rehacer el examen bajo criterios más rigurosos. No obstante, la mejora del PIB en los últimos años podría compensar parte de ese desajuste, según las nuevas previsiones.
La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ya advirtió que el motivo principal por el cual no fue necesario un ajuste en la última evaluación fue el crecimiento económico, un factor coyuntural que podría revertirse si se produce un deterioro económico. Las nuevas proyecciones macroeconómicas redujeron el gasto neto en pensiones en 0,7 puntos del PIB en promedio entre 2022 y 2050. También se tuvieron en cuenta 0,3 puntos por transferencias estatales y 0,1 puntos por el impacto positivo de las subidas del salario mínimo. Así, el sistema logró superar el análisis del 31 de marzo por un estrecho margen de 0,2 puntos.
Bruselas impuso esta evaluación para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Debe ser elaborada por la Airef cada tres años, basándose en las proyecciones de gasto que publica la Comisión Europea en su informe sobre envejecimiento, combinadas con una estimación del impacto de las medidas gubernamentales destinadas a aumentar ingresos. Si, tras este cruce de datos, el gasto neto supera el 13,3% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, se exige aplicar un ajuste para corregir el desequilibrio. Si no se adoptan medidas compensatorias, se activa un aumento automático de cotizaciones repartido en cinco años.
El nuevo real decreto establece que en la evaluación se deben considerar las subidas de cotizaciones contempladas en la reforma liderada por el exministro José Luis Escrivá: el llamado mecanismo de solidaridad, el aumento del tope de cotización, la cuota adicional para salarios altos y la equiparación progresiva de las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados. También se tendrán en cuenta las reformas que incrementen el número de cotizantes y, por ende, la recaudación.
A pesar de todo, la Airef ha sostenido desde el principio que este método no es el más adecuado para medir la sostenibilidad del sistema, una opinión que también comparte el Fondo Monetario Internacional. Según sus estimaciones, el verdadero desequilibrio entre ingresos y gastos proyectado rondará el 3% del PIB en 2050, lo que equivaldría a unos 45.000 millones de euros con el PIB actual. El real decreto reconoce que varios organismos internacionales han alertado de que este mecanismo ignora la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas.
En una evaluación paralela, la Airef concluyó que la sostenibilidad no ha mejorado y que la tendencia actual obligaría a desviar recursos de otras partidas presupuestarias para financiar las pensiones. El informe también proyecta que el envejecimiento de la población podría aumentar la deuda pública en 47 puntos del PIB de aquí a 2050, de los cuales unos 31 puntos corresponderían al incremento del gasto en pensiones. Para revertir esa tendencia y estabilizar la deuda, sería necesario aplicar un ajuste estructural de 3,16 puntos del PIB anual hasta 2040. El Gobierno ya ha comprometido la mitad de ese ajuste (1,68 puntos) en el plan fiscal remitido a Bruselas, siempre y cuando se cumpla en su totalidad.