(El País, 10-02-2026) | Laboral
El Gobierno ha reanudado este lunes las conversaciones con los sindicatos CC OO y UGT y con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para introducir modificaciones en la gestión de las bajas por incapacidad temporal, en un contexto marcado por el aumento de las ausencias laborales. Tras el encuentro, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha anunciado la próxima puesta en marcha de un Observatorio de la Incapacidad Temporal, en el que participarán este departamento, el Ministerio de Sanidad y los agentes sociales.
Aunque Suárez ha calificado su creación de inminente, el nuevo organismo no es una novedad. Así lo ha recordado Rosa Santos, responsable de Relaciones Laborales de la CEOE y representante de la patronal en la negociación, quien ha señalado que este órgano ya estaba previsto en el real decreto de medidas de Seguridad Social publicado en el BOE el 24 de diciembre de 2024, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales.
Ese texto legal instaba al Ejecutivo a constituir, en un plazo de tres meses, una comisión estatal de seguimiento -denominación utilizada entonces- destinada al análisis de la incapacidad temporal por contingencias comunes. El mandato incluía el estudio de las causas, la incidencia y la duración de las bajas, así como la evaluación del impacto que tiene la respuesta del Sistema Nacional de Salud en estos procesos. Además, se contemplaba la definición de líneas de actuación orientadas a proteger la salud de las personas trabajadoras y a reducir tanto el número de bajas como su duración, junto con el seguimiento y la evaluación de dichas medidas.
El observatorio anunciado ahora, que según Suárez tendrá carácter permanente, asumirá funciones similares: analizar de manera sistemática la situación de la incapacidad temporal en España, mejorar la eficacia, la equidad y la calidad de su gestión, identificar tendencias, riesgos y buenas prácticas, y servir de apoyo al diseño de políticas públicas basadas en datos y evidencias, según ha detallado el Ministerio.
El secretario de Estado ha precisado que en este órgano estarán representadas la Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad y los agentes sociales. Quedarán fuera, sin embargo, las comunidades autónomas, pese a que son las responsables directas de los servicios de atención primaria y especializada, cuyos profesionales gestionan las bajas por contingencias comunes.
La relevancia del papel autonómico queda reflejada en otra de las medidas acordadas en diciembre de 2024: la creación de convenios entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Estos acuerdos daban forma a un pacto alcanzado un año antes entre patronal y sindicatos para que, con el consentimiento del médico y del trabajador, determinadas pruebas diagnósticas en bajas de origen musculoesquelético pudieran derivarse a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
El real decreto también atribuía a la comisión estatal la función de supervisar y controlar la ejecución de estos convenios entre los servicios públicos de salud y las mutuas, evaluar su funcionamiento, proponer mejoras y fomentar su implantación.
Sin embargo, uno de los primeros diagnósticos que podrá realizar el futuro observatorio, si se constituye en breve, será el escaso desarrollo de estos acuerdos. Hasta ahora solo Cataluña, Asturias y Baleares, además de Ceuta y Melilla, los han ratificado. Suárez ha atribuido la lentitud en su firma a la complejidad de los procesos y al elevado número de actores implicados. Por este motivo, ha explicado que en la reunión de este lunes se ha acordado que empresarios y sindicatos refuercen, cada uno en su ámbito, las negociaciones para facilitar su aprobación.
El Gobierno también ha anunciado que en los próximos días volverá a remitir a patronal y sindicatos las propuestas para agilizar la gestión de las bajas por incapacidad temporal que ya se presentaron en la reunión del pasado 13 de octubre. Las partes han acordado un nuevo encuentro el próximo lunes, aunque no se esperan cambios sustanciales en el texto, más allá de ajustes de redacción, según ha indicado Suárez.
Entre los asuntos que previsiblemente se abordarán figura el diseño de un sistema de reincorporación progresiva tras las bajas, una medida que generó controversia cuando fue presentada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, bajo el concepto de bajas flexibles.
En conjunto, el ministerio planteará distintas iniciativas, algunas de ellas de carácter reglamentario, que el Ejecutivo podrá aprobar sin necesidad de tramitación parlamentaria. Entre estas figura la regulación para crear una nueva Unidad Central de Evaluación de Incapacidades, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que integrará a los equipos de valoración que se determinen y asumirá la gestión de aquellos procesos de incapacidad temporal que, por su duración -generalmente superior a un año-, pasan a ser competencia de este organismo.