(El País, 15-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha decidido extender hasta el año 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios para aquellos deudores en situación de vulnerabilidad, medida que expiraba esta semana y que podría beneficiar a aproximadamente 30.000 hogares.
Esta prórroga se establece mediante el Real Decreto Ley que amplía las disposiciones para evitar los lanzamientos de viviendas habituales con el fin de proteger a colectivos vulnerables, aprobado este martes. Esta iniciativa se originó a partir de la ley de medidas para fortalecer la protección de los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y el alquiler social, promulgada por el gobierno del Partido Popular en 2013 para mitigar los efectos de la crisis económica de 2008.
Dicha ley suspendía por dos años los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social, incluyendo familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, así como familias con menores o miembros en situación de dependencia, enfermedad o discapacidad reconocida igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género, personas desempleadas o mayores de 60 años.
Desde entonces, esta moratoria se ha prolongado en varias ocasiones, siendo la última en mayo de 2020, a propuesta de Podemos, poco después de que comenzara la pandemia de COVID-19. Este decreto no solo extendía la moratoria por cuatro años, sino que también ampliaba las posibilidades de beneficiarse a un mayor número de familias.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la prórroga del contenido de este Real Decreto Ley hasta el 15 de mayo de 2028 no solo beneficia a un colectivo vulnerable específico, sino que también tiene un impacto económico positivo en general. Esto se debe a que la lucha contra la exclusión social genera externalidades positivas para la sociedad en su conjunto, promoviendo la seguridad, la paz y la cohesión social, factores esenciales para el desarrollo y el crecimiento económico.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que esta medida no debe ser solo una extensión temporal, sino que se debe buscar una solución definitiva. Esto incluiría la inscripción en el Registro de la Propiedad para evitar el acoso inmobiliario y la indefensión de aquellos que se hayan acogido a la moratoria frente a nuevos propietarios que intenten ignorarla.
Además, la PAH solicita la introducción del derecho de tanteo y retracto para aquellos que, tras beneficiarse de la moratoria, estén en condiciones de adquirir nuevamente la vivienda, así como la opción de que la administración la adquiera para uso público.