(Expansión, 28-06-2024) | Laboral
El Gobierno ha extendido hasta diciembre de este año la prohibición para las empresas que reciben ayudas públicas de despedir a sus empleados debido al aumento de los costes energéticos como consecuencia de la guerra en Ucrania. Si no cumplen con esta prohibición, deberán devolver las ayudas recibidas.
Esto también se aplica a las empresas que deseen reducir la jornada laboral de sus empleados o suspender temporalmente sus contratos. Estas empresas tampoco podrán despedir a los trabajadores en esta situación hasta diciembre de este año.
El Gobierno ha extendido estas medidas por seis meses más dentro del decreto ley de medidas urgentes contra las consecuencias de la guerra en Ucrania, aprobado por el Consejo de Ministros el martes pasado y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.
Desde que estalló la guerra debido a la invasión rusa de Ucrania, el Ministerio de Trabajo ha implementado estas medidas de protección laboral debido al aumento de los costes energéticos. En realidad, este modelo de exigir a las empresas que mantengan a sus empleados a cambio de recibir ayudas públicas, como las subvenciones a las cotizaciones sociales, se originó durante la pandemia de coronavirus en febrero de 2020. Con este mecanismo inicial y 40.000 millones de euros, el Gobierno, con el apoyo de la patronal y los sindicatos, logró salvar 3,7 millones de empleos y 500.000 empresas entre 2020 y 2021.
El artículo 39 del real decreto de prórroga de las medidas urgentes de política económica debido a la guerra en Ucrania establece: "En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2024. Es decir, la empresa no podrá alegar una causa económica por esta razón". "El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida", continúa la norma.
Es cierto que la redacción del precepto permite a la empresa despedir trabajadores siempre que no sea por "el aumento de los costes energéticos". Es decir, podrán despedir por otras causas organizativas, tecnológicas, económicas o de producción. Parece que, a diferencia de ocasiones anteriores, el Gobierno permite la posibilidad de despidos por otras causas hasta fin de año.
En cambio, el mismo artículo 39 del real decreto ley amplía la prohibición de despedir por cualquier causa relacionada con la guerra en Ucrania y en relación con la reducción de jornada o la suspensión de contratos. La norma establece: "además, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de los contratos reguladas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos hasta final de año".
El citado artículo del Estatuto de los Trabajadores corresponde a la reducción de jornada o suspensión de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Dentro de ellas, el real decreto incluye "causas de todo tipo relacionadas con la invasión de Ucrania", un concepto muy amplio. Por lo tanto, parece que el Gobierno anima a las empresas en crisis por esta situación a que reduzcan la jornada de sus trabajadores o suspendan sus empleos temporalmente antes de proceder a despidos. El ERTE permite al trabajador no perder el empleo definitivamente, a menos que la empresa no tenga otra opción.