(Expansión, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno tiene previsto aprobar en octubre el real decreto que establecerá el nuevo marco regulatorio para los centros de datos, una norma que ha suscitado un elevado número de críticas dentro del sector y que el Ejecutivo considera necesaria para ordenar el crecimiento de las infraestructuras tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.
La regulación se encuentra actualmente en fase de estudio de las alegaciones presentadas después de que el trámite de audiencia pública finalizara el pasado 10 de septiembre. El calendario para su aprobación está incluido en el plan IA360, presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una hoja de ruta para los próximos doce meses. El documento contempla medidas relacionadas con el refuerzo de las infraestructuras digitales, la incorporación de la inteligencia artificial a empresas y puestos de trabajo, la mejora de la ciberseguridad, la gobernanza de esta tecnología y el establecimiento de un marco de diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales.
El proyecto normativo afronta una importante oposición por parte de la industria, que ha presentado centenares de alegaciones durante el proceso de consulta. SpainDC, la patronal del sector de los centros de datos, sostiene que la aprobación del decreto en su redacción actual podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de las inversiones previstas en el sector hasta 2030, estimadas en unos 67.000 millones de euros. La asociación también advierte de que España podría acabar contando con uno de los marcos regulatorios más restrictivos de la Unión Europea.
El Gobierno, por su parte, señala que las peticiones de acceso a la red eléctrica vinculadas a centros de datos ya superan ampliamente los 2,5 gigavatios de demanda que estima necesarios para 2030. Según el Ejecutivo, satisfacer todas las solicitudes planteadas supondría acometer importantes inversiones en la red eléctrica cuyo coste acabaría repercutiendo en el conjunto de los consumidores.
La futura regulación estará también vinculada al proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial por el que compite España a escala europea. Según el plan IA360, la instalación se diseñará desde el principio para cumplir las exigencias contempladas en el nuevo decreto y servirá como proyecto de referencia para la aplicación del marco regulatorio.
El documento gubernamental da por prevista la llegada a España de una de estas grandes instalaciones de computación para inteligencia artificial. No obstante, la convocatoria europea para seleccionar los proyectos continúa abierta hasta el 12 de noviembre y la Comisión Europea no tiene previsto comunicar las adjudicaciones hasta comienzos de 2027. El Ejecutivo sitúa en febrero de ese año el inicio de las obras y calcula que la infraestructura podría comenzar a operar en 2028.
La inversión público-privada asociada al proyecto alcanzaría los 5.000 millones de euros, de los que 719 millones corresponderían a financiación pública. La instalación aspira a convertirse en uno de los principales centros de computación para inteligencia artificial del sur de Europa, con 100.000 aceleradores operativos entre 2028 y 2029.
El plan también prevé reforzar las funciones de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que contará con un nuevo Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial. Este organismo tendrá entre sus cometidos la evaluación de modelos avanzados, el desarrollo de herramientas de supervisión y la coordinación de actuaciones frente a los riesgos relacionados con esta tecnología. El Gobierno pretende poner en marcha su núcleo técnico inicial antes de terminar 2026 y que actúe como representante español ante los organismos internacionales especializados en seguridad de la IA.
En materia de ciberseguridad, el Ejecutivo plantea nuevas medidas para hacer frente a las amenazas asociadas al uso de inteligencia artificial. Entre las primeras actuaciones figura un proyecto piloto de escudo cibercuántico con el sector financiero, cuyo lanzamiento está previsto para octubre. También se pretende acelerar la adopción de sistemas de criptografía poscuántica mediante nuevas actuaciones y la aprobación de un real decreto que establezca un marco común para esta transición en las Administraciones Públicas y en los sectores sometidos a regulación en materia de ciberseguridad.
Otro de los ejes del plan será el diálogo con los agentes sociales. Sánchez ha anunciado que en octubre convocará a sindicatos y organizaciones empresariales para abordar un contrato social sobre la inteligencia artificial, centrado en las consecuencias que tendrá esta tecnología sobre el empleo, la economía y la sociedad. La iniciativa se desarrollará a través de mesas sectoriales relacionadas, entre otros ámbitos, con la educación, el mercado laboral, el sistema financiero y la cultura. El Gobierno también prevé crear un observatorio permanente para seguir la evolución del impacto de la IA sobre el empleo y orientar futuras medidas de formación y adaptación normativa.
El Ejecutivo prepara asimismo una nueva Ley de Scale-Up para favorecer el crecimiento de las empresas de nueva creación una vez superada la primera etapa de desarrollo. La norma, que se presentará previsiblemente este otoño, pretende continuar las medidas introducidas por la Ley de Startups y centrarse en compañías que se encuentran entre los cinco y diez años de actividad. El Gobierno plantea además ampliar el actual límite de siete años aplicable a las empresas de base científica o deeptech, debido a que este tipo de proyectos requieren normalmente periodos más largos para alcanzar su madurez.
Entre los objetivos fijados figura duplicar la tasa de empresas que consiguen escalar y alcanzar las 50 empresas unicornio en España en 2030. En el ámbito educativo, el plan contempla incorporar la inteligencia artificial al currículo de la educación secundaria y de la formación profesional, además de establecer programas específicos de formación en esta materia para el profesorado. El calendario previsto sitúa la presentación de estas iniciativas y su negociación con las comunidades autónomas durante el primer trimestre de 2027.