(El Economista, 16-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno está impulsando la expansión del control de los alquileres en las áreas residenciales más activas. El plan del Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, incluye vincular parte del presupuesto de Vivienda a la declaración de zonas tensionadas, una medida que solo ha sido adoptada hasta ahora por Cataluña y que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular rechazan rotundamente. Desde el Ministerio explican a elEconomista.es: "Instamos a todas las CCAA a declarar zonas tensionadas donde perciban una alta presión. Si ellas no lo hacen, el Ministerio tendrá que intervenir para ayudar a los ciudadanos".
En concreto, el Gobierno podría implementar ayudas públicas específicas dentro del plan estatal de vivienda vigente dirigidas exclusivamente a las comunidades autónomas que soliciten ser declaradas zonas tensionadas.
Según informa la Cadena Ser, la forma de llevar a cabo esta medida pasaría por utilizar el artículo 18.5 de la controvertida ley de vivienda, que establece que el Ministerio competente en materia de vivienda "podrá desarrollar, en colaboración con la administración territorial competente, un programa específico para esas zonas de mercado residencial tensionado, contemplando la diversidad territorial en entornos urbanos, metropolitanos y rurales, que modificará o se anexará al plan estatal de vivienda en vigor".
Este artículo permite al Estado promover colaboraciones con administraciones competentes y el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dichos ámbitos y diseñar medidas financieras específicas para contener o reducir los precios de alquiler o venta. También contempla la posibilidad de establecer ayudas públicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las disposiciones que establezca dicho plan.
La posible acción del Gobierno ya ha sido respondida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien advirtió que acudirán a los tribunales si el Gobierno "desvía fondos" de este ámbito. "No es la primera vez ni será la última", señaló. La Comunidad de Madrid ya ha recurrido al Tribunal Constitucional la ley de vivienda argumentando que invade sus competencias.
Recientemente, la Ministra de Vivienda hizo un llamamiento a todas las comunidades autónomas "y en especial a Isabel Díaz Ayuso" para abordar los problemas reales de los ciudadanos. "El Gobierno está dispuesto a ayudar a frenar la escalada del alquiler. No entiendo por qué hay confrontación, cuando solo queremos ayudar", expresó Rodríguez. La ministra destacó la situación de trabajadores con buenos empleos y salarios estables que destinan hasta el 70% de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a vivir en pisos compartidos. "Esto es una emergencia que requiere acción política urgente".
La ley de vivienda establece que las comunidades autónomas podrán declarar una zona tensionada si se cumplen ciertas condiciones, como que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o si los precios de compra o alquiler han aumentado al menos tres puntos por encima del IPC autonómico en los últimos 5 años.
La declaración de una zona de mercado residencial tensionado permitirá modificar el régimen de prórrogas de los contratos de alquiler y establecer topes en los precios de los arrendamientos. En cuanto a los precios, si se firman nuevos contratos y el arrendador es un pequeño propietario, la renta no podrá superar la del contrato anterior, aplicando la actualización anual, salvo en determinados casos. Si el arrendador es un gran tenedor, la renta del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable según los índices.
Respecto al régimen de prórrogas, la ley de vivienda establece que una vez finalizadas las prórrogas obligatorias o tácitas, el arrendatario podrá solicitar prórrogas extraordinarias de hasta 3 años, manteniendo las mismas condiciones del contrato vigente. El arrendador, sea o no gran tenedor, estará obligado a aceptar la prórroga salvo en casos excepcionales.