(El Periódico, 19-05-2026) | Laboral
El registro horario obligatorio lleva en vigor en España cerca de seis años, pero el Gobierno quiere reforzar ahora el sistema mediante una reforma que obligará a implantar un fichaje digital y permitirá a la Inspección de Trabajo acceder de forma remota a los datos. Además, el Ejecutivo estudia endurecer las sanciones para las empresas que incumplan la normativa.
La iniciativa forma parte del Plan Anual Normativo y se integra en la reforma del control horario impulsada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. Entre las medidas planteadas figura la desaparición progresiva de métodos considerados poco seguros o fácilmente manipulables, como los registros en papel o determinados sistemas basados en hojas de cálculo Excel. Las nuevas multas podrían llegar hasta los 10.000 euros por cada trabajador afectado en los supuestos más graves.
No obstante, el nuevo modelo todavía no ha sido aprobado definitivamente y varias de las medidas siguen pendientes de desarrollo normativo. Lo que sí está plenamente vigente desde mayo de 2019 es la obligación de registrar diariamente la jornada laboral. Esta exigencia se introdujo mediante el Real Decreto-ley 8/2019, que modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y obligó a las empresas a dejar constancia de la hora exacta de entrada y salida de cada empleado.
Desde entonces, las compañías pueden utilizar distintos sistemas de control horario siempre que los registros sean fiables y estén disponibles para la Inspección de Trabajo. Muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, continúan utilizando hojas firmadas, cuadrantes o archivos Excel para cumplir con esta obligación.
El objetivo del Ministerio de Trabajo es avanzar hacia un sistema "objetivo, fiable y accesible". Los borradores conocidos hasta ahora apuntan a un modelo completamente digital, con trazabilidad de los datos y capacidad de supervisión inmediata por parte de la Inspección.
Según el planteamiento del Gobierno, la reforma busca reforzar el control de las horas extraordinarias y evitar posibles manipulaciones de los registros de jornada. Trabajo considera que algunos de los métodos actuales dificultan la labor inspectora y no garantizan plenamente la autenticidad de la información.
Entre las principales medidas que se estudian destacan la obligatoriedad de utilizar formatos digitales, la conservación segura y accesible de los registros, el acceso remoto para la Inspección de Trabajo, sistemas de identificación fiables para los empleados y un mayor control sobre las horas extra realizadas.
La reforma también prevé modificar el régimen sancionador. Actualmente, las infracciones relacionadas con el registro horario se castigan conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), pero el Ejecutivo quiere elevar de forma significativa las cuantías y aplicar las multas de manera individualizada por cada trabajador afectado.
Pese a ello, el proyecto sigue generando debate tanto en el ámbito jurídico como empresarial. El Consejo de Estado ha planteado objeciones sobre algunos aspectos del futuro sistema, especialmente en cuestiones relacionadas con la protección de datos, la carga administrativa para las pymes y el alcance técnico de determinadas obligaciones. También persisten dudas sobre cómo se aplicará la futura normativa al teletrabajo, a los empleados con horarios flexibles o a sectores donde el control de jornada resulta más complejo.
Por el momento, el fichaje en papel no ha sido prohibido de forma general y tampoco existe una fecha definitiva para la entrada en vigor del futuro modelo digital obligatorio. Lo que sí parece claro es la intención del Gobierno de avanzar hacia un sistema de control horario mucho más automatizado, supervisable y sometido a vigilancia directa por parte de la Inspección de Trabajo.