(El Economista, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno continúa adelante con sus planes de reforzar el control sobre la vivienda y centra ahora su atención en el alquiler de habitaciones y en los alquileres de temporada. Este martes, el PSOE y el PNV han alcanzado un acuerdo en el Congreso con Sumar, ERC y Bildu -promotores de la iniciativa para regular estos tipos de alquiler- para respaldar la propuesta a cambio de introducir ciertos cambios, entre ellos ampliar de nueve a doce meses la duración máxima de los contratos temporales.
El pacto se ha cerrado durante la reunión de la ponencia encargada de esta ley, que ha aprobado su informe con el rechazo del PP, Vox y Junts. Al documento, que será debatido la próxima semana en la Comisión de Vivienda, se le han añadido 19 enmiendas transaccionales consensuadas entre los grupos.
Uno de los aspectos más relevantes afecta al alquiler de habitaciones, cuyo precio pasaría a quedar regulado. En la práctica, esto implica que la suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el límite fijado para las viviendas completas y que los inquilinos contarán con las mismas garantías que en un contrato de arrendamiento tradicional.
Por otra parte, el texto original fijaba que, si un contrato temporal superaba los nueve meses, debía considerarse un alquiler de vivienda habitual, aplicándosele así los mismos plazos, prórrogas y condiciones recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Tras las negociaciones, este umbral se ha ampliado a los doce meses.
Estos mismos grupos parlamentarios han pactado también otra enmienda para modificar la LAU, de manera que no puedan establecerse nuevas condiciones que carguen al inquilino gastos adicionales -como impuestos, tasas, servicios o contribuciones- que no estuvieran recogidos en el contrato previo. Además, cuando el edificio tenga un único propietario, se prohibirá que el arrendatario asuma los gastos de comunidad.
Asimismo, las enmiendas incorporadas establecen que los contratos de temporada o de habitaciones disfrutarán de las mismas garantías que un alquiler habitual, como la prohibición de cobrar honorarios al inquilino, los límites en la fianza y el control de precios.
También se veta el cobro de servicios inmobiliarios como visitas, cambios de suministros o asesoramiento, con el fin de evitar prácticas abusivas. Otra novedad es que se permitirá al inquilino realizar reparaciones y descontar su coste del alquiler en caso de que el propietario no cumpla con sus obligaciones. Desde el grupo socialista han destacado que el acuerdo es resultado del trabajo conjunto del partido, del Ministerio de Vivienda, de los sindicatos de inquilinas y de los grupos que lo han suscrito, con el propósito de proteger a miles de arrendatarios en España.
Los socialistas consideran que regular los alquileres de temporada y de habitaciones es "fundamental para frenar el fraude" que se da en este tipo de contratos, especialmente en las grandes ciudades, y confían en que prevalezca el interés general para su aprobación final.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinos de Cataluña -impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular que sirve de base a esta ley- recuerda que la propuesta retoca "de forma precisa" varios artículos de la LAU para poner fin a las prácticas fraudulentas que buscan esquivar la regulación, garantizando así que los límites de precios se apliquen también a los alquileres de temporada y de habitaciones.