(El Economista, 03-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de Industria ha iniciado el proceso de tramitación de una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que se espera aprobar a finales de este año. Esta nueva ley tiene como objetivo aumentar el nivel de industrialización del país y prevenir la deslocalización de empresas en sectores considerados estratégicos.
Para lograr este objetivo, el departamento dirigido por Jordi Hereu ha propuesto la creación de los 'Proyectos Industriales Estratégicos', que serán aquellas inversiones que el Gobierno considere clave y que podrán beneficiarse de subvenciones directas sin necesidad de un proceso competitivo, así como de plazos de tramitación más cortos.
Para que un proyecto pueda ser considerado estratégico, el borrador de la ley establece que debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: tener un volumen de inversión significativo a nivel nacional o en relación con la economía de las provincias donde se realice la inversión; formar parte de un ecosistema industrial estratégico o un PERTE; contar con una certificación para la autonomía estratégica; o prever una inversión que facilite una solución incluida en las propuestas de la Mesa de Reindustrialización, destinada a rescatar compañías estratégicas.
La declaración de estos proyectos será iniciada por la parte interesada ante el Ministerio de Industria, que solicitará un informe al nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, dependiente del presidente del Gobierno, y posteriormente se llevará a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La nueva ley también incluirá instrumentos de planificación como la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, que se revisará cada seis años, y el Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica.
Estos documentos servirán para establecer las directrices de la política industrial y evaluar las acciones tomadas durante el período de seis años. La ley también propone la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo para la coordinación entre ministerios, contribuyendo a la elaboración de la estrategia mencionada, junto con otros organismos como la Escuela de Organización Industrial o el Consejo Económico y Social. Además, se regulará la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que emitirá un informe anual sobre la situación del sector.
La nueva ley creará las figuras de Ecosistemas Industriales Estratégicos, que contarán con un sistema de seguimiento periódico y podrán recibir ayudas sin necesidad de competencia. Se definirán hojas de ruta para la transición verde y digital, y se generarán cuadros de mando de indicadores para promover la simplificación administrativa. Las empresas podrán proponer mejoras en los trámites administrativos para reducir obstáculos al desarrollo industrial.
Los PERTE se reconocerán normativamente y se institucionalizará la figura para hacerla estructural, enmarcándose en un Ecosistema Industrial y a la espera de posibles prórrogas de los fondos europeos. El Ministerio también incorporará mecanismos para evitar la desindustrialización en sectores estratégicos mediante la ordenación de los procesos de reindustrialización.
La ley definirá los mecanismos de seguimiento de estos planes de reindustrialización, estableciendo que las empresas afectadas, que deben cumplir con un tamaño mínimo o pertenecer a un sector clave, deberán comunicar su cierre o reducción de actividad con al menos nueve meses de antelación a la Secretaría de Estado de Industria, para iniciar el proceso correspondiente y evitar sanciones.
La Mesa de Reindustrialización será el órgano encargado de las negociaciones entre los representantes de los trabajadores, la empresa y las administraciones públicas involucradas (ayuntamientos, comunidades autónomas y estado). El Ministerio establecerá obligaciones para los beneficiarios de ayudas públicas, quienes deberán mantener la actividad productiva durante un período de tiempo determinado, que variará según el tamaño de la empresa.
La simplificación administrativa se analizará en la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y el Consejo Estatal de Política Industrial, presentándose anualmente un informe al Foro de Alto Nivel. La ley también incluirá medidas de protección para la industria intensiva en consumo energético, promoción del desarrollo de áreas industriales, emisión de certificados de impacto y certificación financiera o rating.