(El País, 28-05-2026) | Fiscal
El Gobierno y los agentes sociales han dejado abierta este lunes la posibilidad de ampliar las medidas económicas anticrisis más allá del 30 de junio debido al escenario de elevada incertidumbre internacional y al impacto que el conflicto en Oriente Próximo está teniendo sobre los mercados energéticos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha encabezado una reunión de alto nivel con representantes empresariales y sindicales para evaluar la situación económica, revisar los efectos de las ayudas aprobadas en marzo y estudiar la continuidad o adaptación del llamado escudo económico si persisten las tensiones inflacionistas en los próximos meses.
En el encuentro también ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha pedido a las empresas mayores subidas salariales y ha reclamado al Ejecutivo la prolongación del IVA reducido sobre la electricidad, cuya vigencia finaliza previsiblemente la próxima semana. Mientras la patronal apuesta por mantener las medidas actuales, los sindicatos plantean además revisar el salario mínimo interprofesional.
La reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Economía, ha contado asimismo con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. Por parte de los agentes sociales han asistido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; y los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Según fuentes conocedoras del encuentro, el Ejecutivo estudia mantener un esquema similar al aprobado hace tres meses, basado en medidas temporales revisables cada trimestre en función de la evolución de la inflación y del conflicto internacional. No obstante, el Gobierno todavía no ha tomado una decisión definitiva y prevé seguir analizando la situación durante las próximas semanas antes de concretar posibles prórrogas.
El paquete de ayudas vigente desde el 20 de marzo incluyó rebajas fiscales aplicadas a la electricidad, el gas y los carburantes, además de apoyos directos a los sectores más afectados por el aumento de los costes energéticos. Algunas de estas medidas comenzaron a retirarse después de que el IPC de abril situara la inflación en el 3,2%, aunque el Ejecutivo continúa vigilando la evolución de los precios para decidir si será necesario reactivar parte de las ayudas cuando expire el plan actual a finales de junio.
La reunión se ha celebrado en un contexto marcado por la tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y la posterior respuesta iraní. Aunque en las últimas semanas se ha instalado una tregua frágil, el estrecho de Ormuz continúa parcialmente bloqueado, afectando a una de las principales rutas mundiales de transporte de petróleo y gas. Tanto el Gobierno como los agentes sociales temen que un empeoramiento de la situación termine elevando de nuevo los costes energéticos para familias y empresas y provoque un nuevo repunte inflacionario similar al vivido en 2022.
Durante el encuentro, Carlos Cuerpo defendió que las medidas adoptadas hasta ahora han servido para amortiguar buena parte del impacto derivado de la crisis energética. Según datos manejados por el Ministerio de Economía, sin el actual plan de respuesta la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril, mientras que las ayudas habrían permitido reducir ese aumento en más de 16 puntos porcentuales y rebajar cerca de un punto la inflación general.
Las fuentes ministeriales sostienen que el análisis compartido durante la reunión es que España está resistiendo de forma relativamente positiva el impacto económico del conflicto con Irán y que las medidas del Ejecutivo están ayudando a preservar tanto el poder adquisitivo de los hogares como la competitividad empresarial. En este sentido, el Gobierno considera que la capacidad industrial española en materia de refino, junto a la rapidez de la respuesta económica y la coordinación con Europa, sitúan al país en una posición más favorable que la de otros socios europeos para afrontar los próximos meses.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo insistió en la necesidad de mantener el IVA reducido de la electricidad en el 10%, frente al regreso previsto al tipo general del 21% a partir del 1 de junio. El departamento que dirige Yolanda Díaz argumenta que el precio del gas ha mostrado una tendencia al alza durante mayo y considera que el tipo reducido debería mantenerse si las tensiones derivadas del conflicto internacional continúan presionando los precios energéticos en los próximos meses.