(El Economista, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha instado este jueves a los propietarios particulares de viviendas a contribuir al mercado del alquiler ofreciendo más inmuebles en condiciones asequibles. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a los propietarios para asegurarles que el Gobierno trabajará para proporcionar certezas, seguridad jurídica y garantías que les permitan poner más viviendas en alquiler a precios asequibles, es decir, aquellos que representen menos del 30% de los ingresos del hogar.
Rodríguez ha destacado que el Gobierno ya ha implementado medidas para fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, como la ley de vivienda que ofrece beneficios fiscales de hasta el 90%. Sin embargo, reconoce la necesidad de "fortalecer las garantías". También ha valorado otras medidas y recursos destinados a las comunidades, como un programa que incluso garantiza los ingresos percibidos por los propietarios a través del alquiler.
La ministra ha animado a los propietarios particulares a ofrecer alquileres asequibles a los inquilinos, ya que el Gobierno considera que España enfrenta una "emergencia social" en materia de vivienda. Ha señalado que hay trabajadores con buenos salarios y empleos estables que destinan entre el 60% y el 80% de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a vivir con compañeros de piso, sin poder disfrutar de su propia vida.
Además, Rodríguez propuso limitar la presencia de pisos turísticos en zonas con altos precios de alquiler y compra de viviendas. Estos alquileres turísticos pueden ser muy rentables económicamente, especialmente en zonas céntricas de grandes ciudades y municipios turísticos, donde el mercado inmobiliario está tenso y el alquiler representa una gran parte de los ingresos familiares.
Por último, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de trabajo para abordar los usos no residenciales de las viviendas, tanto turísticos como temporales. Rodríguez destacó que algunos aprovechan contratos temporales de alquiler no regulados por la ley de vivienda para eludir la normativa que controla los alquileres residenciales.