(El País, 30-06-2026) | Laboral
España ha respondido a la Comisión Europea dentro del procedimiento de infracción abierto por el abuso de la temporalidad en el sector público, solicitando una prórroga hasta marzo de 2027 para comenzar a aplicar nuevas medidas correctoras. El plazo fijado por Bruselas expiró a medianoche, después de que el organismo comunitario exigiera explicaciones sobre el retraso en la adopción de soluciones tanto para prevenir futuros abusos como para compensar a los trabajadores ya afectados por el encadenamiento prolongado de contratos temporales.
Con esta petición, el Gobierno gana margen para seguir negociando con Bruselas e intentar evitar que el caso termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si la Comisión decide llevar el asunto al tribunal, este deberá determinar si España ha incumplido la normativa comunitaria. Habitualmente, una primera sentencia no implica sanciones económicas directas, aunque un eventual incumplimiento posterior sí podría desembocar en multas coercitivas o sanciones a tanto alzado.
En paralelo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias a una reunión de coordinación prevista para el 8 de julio en Santander. El objetivo será estudiar propuestas para reducir la temporalidad en las administraciones públicas y diseñar posibles cambios normativos. Este encuentro servirá para activar formalmente el grupo de trabajo constituido tras la reunión celebrada el pasado 7 de mayo. En ese foro, el Ejecutivo espera recabar propuestas legislativas que permitan responder a las exigencias comunitarias.
Uno de los factores que condiciona el debate es la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 11 de mayo, que reafirmó la imposibilidad de convertir automáticamente en personal fijo a empleados públicos temporales sin superar un proceso selectivo. No obstante, el fallo también abrió la puerta a nuevas vías de compensación económica o sanción administrativa en casos de abuso de temporalidad.
Precisamente, el Gobierno ha utilizado esta resolución judicial como uno de sus principales argumentos para justificar ante Bruselas la necesidad de más tiempo. El Ejecutivo sostiene que el pronunciamiento introduce nuevos elementos jurídicos sobre el régimen de indemnizaciones que requieren un análisis detallado, además de la necesidad de cuantificar con precisión cuántos trabajadores se encuentran en situación de abuso en el conjunto de las administraciones.
La dimensión del problema se concentra principalmente en las comunidades autónomas. Mientras que la tasa de temporalidad en la Administración General del Estado ronda el 4,7%, en los servicios gestionados por las autonomías alcanza niveles muy superiores, cercanos al 40%. Destacan especialmente los sectores de educación y sanidad, donde la temporalidad se sitúa en torno al 40% y al 43%, respectivamente.
Sin embargo, desde el ámbito jurídico existen voces que cuestionan la posibilidad de una nueva prórroga. El abogado Javier Araúz, del despacho Araúz Abogados, que representa a miles de empleados públicos interinos y ha impulsado parte de las reclamaciones ante Europa, sostiene que una reciente reforma comunitaria impediría a la Comisión ampliar de nuevo los plazos y obligaría a Bruselas a actuar de inmediato. Frente a ello, fuentes gubernamentales aseguran que dicha reforma aún no ha entrado en vigor porque continúa en fase de negociación entre los Estados miembros.
El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando la Comisión Europea abrió dos expedientes contra España por la incorrecta aplicación de la normativa europea sobre contratación temporal en el sector público. Aunque estos procedimientos quedaron temporalmente en suspenso tras la reforma impulsada por el Gobierno para estabilizar plazas públicas, las medidas adoptadas no lograron resolver el problema estructural.
Esa insuficiencia quedó reflejada en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en febrero de 2024, que consideró insuficientes las reformas aplicadas. Como consecuencia, la Comisión reactivó los expedientes durante ese mismo año. En los dictámenes motivados remitidos el pasado 29 de abril, Bruselas exigió a España eliminar las condiciones laborales discriminatorias en el sector público y adoptar medidas eficaces para impedir el uso abusivo de contratos de duración determinada.
El conflicto representa el último episodio de una disputa jurídica e institucional prolongada durante más de una década, en la que confluyen las reclamaciones de cientos de miles de empleados interinos, la actuación del Estado, las resoluciones de los tribunales nacionales y europeos y la presión regulatoria de las instituciones comunitarias.