(La Vanguardia, 26-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de Consumo ha requerido a dos portales inmobiliarios, cuyos nombres no ha hecho públicos, que retiren 8.318 anuncios de alojamientos anunciados como alquileres de temporada por considerar que podrían incumplir la nueva normativa de vivienda, conocida como decreto Maricarmen.
El departamento dirigido por Pablo Bustinduy justifica esta petición porque los alojamientos permiten realizar reservas por periodos inferiores a 31 días. De acuerdo con el nuevo marco legal, estas viviendas deben clasificarse como pisos turísticos, con independencia de que ofrezcan o no servicios propios de un establecimiento hotelero, y quedan sujetas al IVA del 10%.
La mayor parte de los anuncios afectados corresponde a viviendas situadas en la Comunidad de Madrid, con un total de 6.772 publicaciones. De ellas, el 96% se encuentra en la capital. La Dirección General de Consumo considera que presentar estos alojamientos como alquileres de temporada podría constituir una práctica de comunicación comercial engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Para exigir la retirada de los anuncios, el Ministerio ha recurrido a los mecanismos de notificación contemplados en el Reglamento de Servicios Digitales. Consumo sostiene que, una vez informadas de los posibles incumplimientos, las plataformas adquieren una responsabilidad directa sobre los contenidos publicados y podrían enfrentarse a la apertura de un expediente si no eliminan o bloquean las ofertas señaladas.
Las nuevas exigencias suponen un desafío para los portales inmobiliarios, ya que podrían obligarles a revisar y retirar todas las publicaciones que no se ajusten a la normativa. La medida se suma a otras disposiciones del decreto que afectan directamente a su actividad, tanto por la delimitación de las categorías de alquiler turístico y de temporada como por las nuevas obligaciones relativas a la publicidad de viviendas en alquiler.
El texto establece que los anuncios deben respetar los principios de veracidad y transparencia. Entre los datos que deberán incluir figura, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler, conocido como Serpavi, y la renta del último contrato de arrendamiento vigente durante los cinco años anteriores.
Estas obligaciones podrían reducir el número de viviendas anunciadas en plataformas como Idealista, Fotocasa o Pisos.com. Los propietarios que no cumplan la normativa o que oferten inmuebles por encima de los límites de renta establecidos en las zonas tensionadas podrían optar por retirar sus anuncios antes que publicar la información exigida, como el precio de referencia o la renta del contrato anterior. Esta situación tendría consecuencias para el volumen de publicaciones y el negocio de los portales.
La actuación contra los anuncios de alquiler de temporada se enmarca en una estrategia más amplia de inspecciones y sanciones impulsada por el Ministerio de Consumo contra las plataformas inmobiliarias y las empresas del sector. no de los casos más destacados es la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por publicar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. La actuación llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de la plataforma. Por su parte, Booking eliminó más de 4.000 publicaciones después de recibir un requerimiento oficial del departamento dirigido por Bustinduy.
Consumo también sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros por prácticas consideradas abusivas contra los inquilinos. La resolución identificó seis infracciones muy graves y una grave. Además, el Ministerio mantiene abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria por presuntas prácticas similares.