(El País, 25-11-2025) | Laboral
La reforma laboral acordada en 2021 entre el Gobierno, CEOE, Cepyme, UGT y CC OO introdujo cambios importantes en los contratos formativos: redujo sus modalidades de tres a dos, los limitó a menores de 30 años y modificó varios aspectos de su regulación. Aunque estas novedades quedaron recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, algunos puntos quedaron pendientes de desarrollo reglamentario. Cuatro años después, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha informado de que el Consejo de Ministros aprobará este martes esos detalles mediante un real decreto.
Entre las principales medidas se incluye la fijación de un número máximo de contratos formativos por centro de trabajo según su tamaño. En los centros con hasta diez empleados se permitirá un máximo de tres contratos de este tipo, y en ningún caso, independientemente de la dimensión de la empresa, se podrán superar los 30.
"Este martes vamos a aprobar en el Consejo de Ministros el reglamento que desarrolla el artículo 11 sobre los contratos formativos del Estatuto de los Trabajadores", afirmó Díaz en un acto en Madrid. Añadió que con este decreto se garantizará que estas personas cuenten con derechos laborales completos en materia salarial, de jornada y de retribución mínima. Al tratarse de un reglamento, no requiere convalidación parlamentaria y evita riesgos como los que afectaron a la propuesta de reducción de jornada.
El borrador sometido a consulta pública en 2023 establece que los centros de trabajo de hasta diez empleados podrán tener un máximo de tres contratos formativos. La referencia al "centro de trabajo" -y no a la empresa- busca evitar que grandes compañías con múltiples sedes superen el límite global mediante su estructura.
Para centros con entre 11 y 31 trabajadores, el tope será de siete contratos; para los de entre 31 y 50, de diez; y para aquellos con más de 50 empleados, se permitirá que el 20% de la plantilla esté contratada bajo esta modalidad, sin superar en ningún caso los 30 contratos. Además, las personas con discapacidad contratadas con esta fórmula no contarán para ese límite.
Según el texto, los empleados con contratos a tiempo parcial o temporales se contabilizarán igual que un trabajador más. Los convenios sectoriales podrán modificar estos límites o sustituirlos por porcentajes. Estas restricciones constituyen una novedad, ya que el reglamento actualmente en vigor, de 1998, no fija máximos.
Díaz ha querido diferenciar los contratos formativos de las prácticas de estudiantes en empresas. Ha recordado que el Tribunal Supremo ha dejado claro que las prácticas no profesionales -las de los becarios- no pueden ocupar puestos estructurales. Los contratos formativos, en cambio, se conciertan con personas que forman parte de la plantilla y a la vez están aprendiendo.
La titular de Trabajo ha señalado que el contrato formativo se utiliza muy poco en España, y lo atribuye al abuso de la figura del becario. Según su criterio, muchas empresas recurren a estudiantes en prácticas para cubrir necesidades laborales, lo que desplaza el uso del contrato formativo. "Estamos avanzando en el estatuto de prácticas no profesionales para combatir este fraude", insistió, recordando que un 22% de los becarios supera los 30 años, lo que considera una evidencia del problema.
La Inspección ya vigila este ámbito, aunque a falta del estatuto aún no se generan demasiadas sanciones. En 2024 se realizaron 802 actuaciones, que derivaron en la conversión en asalariados de 220 falsos becarios. Estas regularizaciones sumaron sanciones por 325.000 euros y el pago de casi 738.000 euros en cotizaciones atrasadas.
El real decreto que aprobará el Gobierno define con más precisión las dos modalidades de contrato formativo: el de formación en alternancia -combinado con estudios teóricos- y el destinado a adquirir experiencia profesional. El primero tendrá una duración de entre tres meses y dos años, y el segundo de entre seis meses y un año. El contrato de alternancia no permite establecer periodo de prueba, mientras que en el de práctica profesional sí se admite, con un máximo de un mes salvo que el convenio establezca otra cosa.
Díaz ha defendido la importancia de vincular la formación al tejido productivo local para mejorar la inserción laboral. El anuncio se realizó en Madrid, durante un evento por el 40 aniversario de las Escuelas Taller. La ministra destacó que, en estas cuatro décadas, se han puesto en marcha más de 30.000 proyectos de formación en alternancia que han beneficiado a más de 1,2 millones de personas, cifras que calificó de "muy relevantes".