(Cinco Días, 30-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de Economía ha iniciado los trabajos para impulsar que los más de 1,1 billones de euros que los hogares españoles mantienen en depósitos y cuentas con escasa rentabilidad se canalicen hacia otros instrumentos financieros, como la Bolsa, la renta fija o los fondos de inversión, con el fin de contribuir a las necesidades de financiación de la economía europea. Con este objetivo, ha abierto una consulta pública previa sobre un documento que define las bases para crear la cuenta de ahorro e inversión y la denominada etiqueta Finance Europe. La Comisión Europea considera imprescindible que este vehículo incluya incentivos fiscales, aunque en España este aspecto aún no está cerrado.
Tras las reiteradas recomendaciones de distintos organismos y expertos -entre ellas el conocido informe de Mario Draghi, las propuestas de la OCDE, las iniciativas de la Comisión Europea o el Libro Blanco de BME-, el Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento legislativo para diseñar estas cuentas de ahorro e inversión. La idea es que bancos, brókeres u otras entidades financieras ofrezcan un producto "contenedor" que agrupe diversos activos financieros -acciones, bonos, fondos u otros instrumentos- bajo reglas claras, costes predecibles y un tratamiento sencillo para el pequeño ahorrador, según recoge el documento del Ministerio de Economía.
Este tipo de productos ya funcionan en países como Suecia, Francia, Reino Unido o Italia, donde han logrado atraer a los inversores minoristas a los mercados de capitales y reforzar la financiación de la economía a largo plazo. En España, donde solo el 15,8% de las familias invierte en Bolsa, el nivel más bajo en más de tres décadas, el proceso se encuentra aún en una fase inicial: recabar la opinión de los sectores implicados sobre el diseño del instrumento. El plazo para presentar aportaciones finaliza el 30 de enero, tras lo cual el ministerio deberá elaborar un texto legal que será sometido a aprobación.
El documento sometido a consulta anticipa que el vehículo deberá regirse por normas simples y transparentes, facilitando que los pequeños inversores aprovechen mejor las oportunidades de los mercados financieros y reduzcan el coste de oportunidad de mantener su ahorro en productos con remuneraciones mínimas. En el conjunto de la Unión Europea, el volumen de dinero en cuentas de baja rentabilidad asciende a unos 10 billones de euros, de los que aproximadamente un 10% se concentra en España.
Según fuentes del sector, el elemento clave del nuevo instrumento será la fiscalidad, tanto por el tipo impositivo aplicable como por la simplificación de un marco actualmente fragmentado. En la actualidad, los fondos de inversión tributan con una retención del 19% sobre las plusvalías al reembolsar participaciones, con la ventaja de poder diferir el pago si se traspasa el capital a otro fondo. En cambio, las ganancias obtenidas en la compraventa de acciones tributan directamente en el IRPF sin posibilidad de aplazamiento; los intereses de los depósitos y los dividendos también están sujetos a retención. Aun así, el Ministerio de Economía reconoce que todavía no existe una definición clara sobre si la futura cuenta tendrá un tratamiento fiscal único para todos los activos que incluya. "No hay una propuesta cerrada sobre la fiscalidad; hasta que no se conozca la normativa, no se pueden fijar criterios", señalan fuentes del departamento.
En cualquier caso, las distintas iniciativas planteadas coinciden en la conveniencia de unificar el tratamiento fiscal para ganar simplicidad. La Comisión Europea insiste en que estas cuentas deben contar con ventajas tributarias y anima a los Estados a otorgarles, como mínimo, el trato fiscal más favorable existente para otros productos de inversión, según recoge en su recomendación de finales de septiembre.
La cuenta podría incorporar una amplia gama de instrumentos financieros -acciones, bonos, participaciones en fondos y otros activos que determine el ministerio-, aunque la Comisión excluye expresamente los derivados complejos de alto riesgo y los criptoactivos. No se exigiría un importe mínimo para su apertura, no sería obligatorio recibir asesoramiento financiero y los costes y comisiones deberían ser "justos, proporcionados, transparentes y fáciles de entender".
En materia fiscal, Bruselas plantea varias alternativas: un sistema similar al de los planes de pensiones; la exención de impuestos sobre los rendimientos generados; el aplazamiento de la tributación hasta el reembolso, como sucede con los fondos de inversión; o la aplicación de un tipo impositivo único sobre los rendimientos o sobre el valor de los activos. Esta última opción replicaría el modelo sueco y es una de las preferidas en el ámbito financiero.
La cuenta sueca, conocida como ISK (por Investerings, Spar y Konto), se creó en 2012 y permite a los inversores evitar la tributación por las plusvalías a cambio de pagar aproximadamente un 1% anual sobre el capital depositado, con independencia de que se obtengan ganancias o pérdidas. Este sistema favorece la inversión en activos con mayor potencial de rentabilidad, como la renta variable.
A través de la ISK, los ahorradores pueden operar con acciones, fondos y otros productos sin declarar cada operación y retirar el dinero cuando lo deseen, sin penalización. El modelo ha tenido un éxito notable: alrededor de 3,5 millones de personas en Suecia, un país de 10,5 millones de habitantes, disponen de este tipo de cuenta, con un saldo medio cercano a las 300.000 coronas suecas (unos 28.000 euros), según datos de BME. Estas cuentas son de titularidad individual, sin límite de edad para su apertura, transferibles entre entidades financieras y con una protección de hasta 950.000 coronas (aproximadamente 88.000 euros), similar a la cobertura de 100.000 euros que ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos en España.
Francia cuenta con el Plan d'Épargne en Actions (PEA), que permite invertir en empresas europeas y disfrutar de exenciones fiscales sobre las plusvalías si no se realizan retiradas durante los primeros cinco años, con un límite de 150.000 euros por inversor. En Reino Unido, el modelo es la Individual Savings Account (ISA), dirigida a ahorradores de entre 18 y 40 años, que permite aportaciones anuales de hasta 4.000 libras, complementadas por el Estado con hasta 1.000 libras adicionales. Los fondos pueden retirarse para la compra de vivienda o a partir de los 60 años.