(El Periódico, 09-04-2024) | Laboral
Organismos privados que reciben financiamiento público y gestionan servicios como la atención en accidentes laborales o las prestaciones por incapacidad temporal, entre otros, están en el centro de atención. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, anunció el lunes en la comisión del Pacto de Toledo que encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe de evaluación sobre la gestión de estas entidades.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está abordando con la patronal y los sindicatos una nueva reforma del sistema de pensiones y protección social. Una de las áreas clave de esta reforma es revisar el papel de las mutuas colaboradoras. Los agentes sociales ya acordaron bilateralmente aumentar la participación de estas entidades en el tratamiento de trabajadores con baja por accidentes traumatológicos que no ocurrieron durante su jornada laboral, con el objetivo de acelerar su recuperación.
Por ejemplo, si un empleado se lesiona un pie un domingo jugando al fútbol y no puede ir a trabajar, dado que no se trata de un accidente laboral, debe esperar para ser atendido en el sistema de salud pública, lo que puede retrasar su tratamiento debido a las largas listas de espera. El acuerdo entre patronal y sindicatos pretendía permitir que la mutua interviniera en el tratamiento, como realizar una radiografía en sus instalaciones, para acelerar la recuperación y facilitar que el empleado regrese al trabajo más rápidamente.
Ahora, la Seguridad Social busca integrar esta filosofía en su operativa diaria y encontrar un equilibrio entre aprovechar estos recursos privados (aunque financiados públicamente) y no otorgar demasiadas competencias a las mutuas para influir o determinar altas y bajas médicas de forma inadecuada. Los sindicatos se muestran cautelosos al respecto, ya que temen que estas entidades busquen acelerar la recuperación a costa de conceder altas médicas de manera imprudente.
Además de estas modificaciones, la ministra se comprometió a "emprender una reforma integral del sector, desde su estructura hasta su régimen económico-financiero, y fomentar la colaboración con entidades públicas y privadas, basándose en un informe de evaluación que queremos encargar a la Airef desde el Ministerio".