(El Periódico, 21-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha puesto en marcha la que sería la séptima regularización extraordinaria de personas migrantes desde el inicio de la democracia. Este tipo de procesos fueron relativamente comunes en las décadas de los noventa y los 2000, aunque no se repetían desde 2005, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó documentación a más de medio millón de personas. Ahora, el Ejecutivo plantea una medida muy parecida: regularizar a cerca de 500.000 migrantes que llegaron a España antes de 2025, según estimaciones de organizaciones sociales, a través del desarrollo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo borrador ya ha sido remitido a los grupos parlamentarios.
El objetivo es que entre en vigor cuanto antes. Los requisitos contemplados para acceder a esta regularización incluyen no tener antecedentes penales, demostrar residencia en España anterior al 31 de diciembre pasado y acreditar una situación de vulnerabilidad. Todos estos aspectos, así como el procedimiento administrativo, quedarán recogidos en un real decreto que debería aprobarse en un plazo máximo de seis meses tras la validación del Congreso, algo previsto antes del verano.
Sin embargo, la aprobación no está garantizada. Aunque el PSOE cuenta con el respaldo de su socio de Gobierno, Sumar, y de otras fuerzas de izquierda, el escenario parlamentario sigue siendo complejo y fragmentado. El PNV ha manifestado dudas, y Junts mantiene una postura más restrictiva en materia migratoria, lo que choca con la propuesta de Moncloa. El PP, por su parte, no ha mostrado intención de apoyar la medida, aunque entidades como Cáritas y la Iglesia Católica intentan influir en su postura. Mientras tanto, los aliados progresistas presionan para ir más lejos: Sumar quiere eliminar la fecha límite del 31 de diciembre como condición para acceder a la regularización y su portavoz, Verónica Martínez Barbero, ha pedido que se apruebe el decreto en un plazo de dos meses. Desde Podemos, Ione Belarra ha instado al Gobierno a aprobar ya la regularización por real decreto, asegurando que "podría hacerse mañana mismo".
Hasta ahora, el PSOE no había mostrado demasiado interés en sacar adelante esta medida. La ILP, respaldada por 900 organizaciones y más de 600.000 firmas ciudadanas, fue admitida a trámite en abril del año pasado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, algo poco habitual. Sin embargo, desde entonces, su tramitación se había ralentizado notablemente, estancada en la fase de enmiendas.
La Moncloa ha decidido ahora acelerar el proceso, en parte para corregir las deficiencias del actual reglamento de extranjería, que entra en vigor este martes. Según el borrador enviado a los grupos parlamentarios y al que tuvo acceso El Periódico, "hay un número significativo de personas que, pese a llevar mucho tiempo en España, no podrá obtener autorización de residencia. Por ejemplo, quienes hayan abandonado su solicitud de asilo o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad".
Este cambio también responde al enfoque que Pedro Sánchez defiende en materia migratoria, muy diferente al que predomina en otros países europeos. En una intervención en el Congreso el pasado octubre, el presidente afirmó: "Los españoles somos hijos de la inmigración, no seremos padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores se sientan orgullosos y que garantice el futuro de sus nietos. (...) España debe elegir entre ser un país abierto y próspero o uno cerrado y empobrecido". Sánchez también subrayó los beneficios económicos de una política de acogida, en línea con las demandas del sector empresarial, que denuncia la escasez de mano de obra en sectores como la construcción.