(El Economista, 29-04-2026) | Fiscal
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a una medida para que no tributen en el IRPF las ayudas recibidas por los ciudadanos a raíz de la DANA que afectó a Valencia en octubre y noviembre de 2024, así como las derivadas de los incendios forestales que arrasaron distintas zonas del país el verano pasado. Estas disposiciones formarán parte de un real decreto-ley que deberá ser ratificado por el Congreso en un plazo de 30 días para que entre en vigor.
En el caso de los afectados en la Comunidad Valenciana, las donaciones recibidas de organizaciones sin ánimo de lucro, como Cáritas, no tendrán que declararse ni en la campaña de la Renta de 2025 -actualmente en curso hasta el 30 de junio- ni en la de 2026. Tampoco estarán sujetas a tributación las ayudas concedidas por la propia administración autonómica.
De igual modo, quedarán libres de impuestos las compensaciones recibidas por daños personales ocasionados por los incendios forestales. El decreto también contempla que las indemnizaciones que abonará la Iglesia Católica a víctimas de abusos sexuales no tributen en el IRPF.
Por otra parte, la norma prevé un aumento en las prestaciones de la Seguridad Social para las personas afectadas por los accidentes de Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona, que se encuentren en situación de incapacidad temporal. Según el Ministerio de Hacienda, una persona con una base reguladora aproximada de 2.100 euros mensuales pasaría de percibir unos 1.333 euros el primer mes a cobrar la totalidad de esa base, es decir, el 100%. Este tratamiento especial también se aplicará a quienes perciban prestaciones por incapacidad permanente, parcial, fallecimiento, supervivencia, viudedad u orfandad derivadas de estos accidentes ferroviarios.
Por último, se habilitará una línea de financiación de 1.300 millones de euros destinada a la Comunidad Valenciana para cubrir gastos relacionados con la DANA. Según explica el Ministerio de Hacienda, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunidad Valenciana, que utilizó 1.600 millones. Asimismo, la norma prevé que Extremadura pueda acceder a fondos extraordinarios para afrontar los costes ocasionados por las recientes inundaciones.