(Expansión, 10-06-2025) | Laboral
El Gobierno estudia incorporar una nueva ayuda económica conocida como Prestación Universal por Crianza (PUC), que consistiría en un pago mensual de 200 euros por cada hijo menor de 18 años. Esta medida, sin embargo, aún no ha sido aprobada ni cuenta con el respaldo definitivo del Ejecutivo, y forma parte de las propuestas que Sumar ha puesto sobre la mesa para negociar con el PSOE unos posibles Presupuestos Generales del Estado para 2025.
La PUC, que equivaldría a 2.400 euros anuales por hijo, es una iniciativa planteada por el espacio político de Sumar, pero no se trata de una ayuda vigente ni gestionable en este momento, pese a algunas informaciones difundidas en medios y redes sociales. Actualmente, las únicas prestaciones similares que están en vigor son los 100 euros mensuales para madres trabajadoras con hijos de hasta 3 años y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al Ingreso Mínimo Vital, aunque puede concederse de forma independiente. La PUC, por el momento, no está implementada.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, fue quien dio a conocer esta propuesta en junio de 2024, subrayando que la prestación no tendría requisitos de renta, ya que su objetivo es que sea reconocida como un derecho ciudadano, no como una ayuda condicionada. Además, Bustinduy aseguró que esta nueva prestación sería compatible con otras ya existentes, como las destinadas a hijos con discapacidad.
Bustinduy ha reiterado recientemente, a través de la red social BlueSky, que medidas como la PUC y una intervención en el mercado de la vivienda son urgentes para combatir la pobreza, recordando que los avances económicos no están llegando de manera equitativa a la mayoría social. Las ministras Sira Rego y Mónica García también han insistido en la importancia de aprobar esta prestación dentro de los futuros presupuestos.
"La Prestación Universal por Crianza es la forma más directa y eficaz de abordar la pobreza infantil, cuyo impacto económico representa alrededor del 5% del PIB -más de 60.000 millones de euros-, mientras que implementar esta ayuda supondría tan solo un tercio de esa cantidad", señalaba recientemente Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, añadía que, además de representar un avance en términos de justicia social, también se trata de una medida de salud pública, ya que permitiría a muchas familias garantizar una alimentación adecuada y aliviar el estrés económico.
Esta propuesta está incluida en el documento Cuentas para transformar, presentado por Sumar al PSOE como base para negociar los Presupuestos Generales de 2025, y forma parte de un paquete más amplio de medidas sociales. Entre ellas, Sumar propone la educación universal para niños de 0 a 3 años, la implementación inmediata de un permiso parental retribuido para cuidados, la ampliación de la cobertura pública en salud bucodental, ayudas directas para la compra de gafas y lentillas, así como una reforma fiscal que aumente la carga impositiva a grandes empresas y grandes herencias. También se plantea mantener y reforzar el impuesto a energéticas y bancos, aplicar el IVA a seguros sanitarios privados y educación privada, reducirlo en productos básicos, y suprimir privilegios fiscales de la Iglesia, incluido el pago del IBI.