(Cinco Días, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno estudia distintas fórmulas para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos y no descarta intervenir en el mercado mayorista de la electricidad, ante el riesgo de que el encarecimiento del gas natural vuelva a trasladarse con fuerza al precio de la luz. Entre las opciones que se están analizando figura la recuperación de la denominada excepción ibérica, el mecanismo que España puso en marcha durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y que permitió limitar temporalmente el precio del gas utilizado para generar electricidad.
El funcionamiento actual del mercado eléctrico hace que, cuando desaparece la producción solar, las centrales de ciclo combinado de gas puedan convertirse en las instalaciones que fijan el precio marginal. Ese valor se aplica posteriormente al resto de tecnologías que participan en el mercado, incluidas la nuclear, la hidráulica y las renovables. Desde el sector energético advierten, no obstante, de que recuperar un límite al precio del gas tendría efectos diferentes a los de la crisis anterior. Las renovables representan ahora alrededor de la mitad de la generación eléctrica, el doble que el gas, y durante las horas de mayor producción solar llegan a registrar precios cero o negativos. Por ello, sus ingresos también se benefician cuando las centrales de gas son las que marcan el precio. Además, una nueva intervención podría entrar en conflicto con el funcionamiento del mercado marginalista europeo.
Las eventuales medidas se incorporarían a la revisión del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado el pasado marzo. Algunas de las actuaciones incluidas entonces vencen este mes y otras lo harán a finales de año. En aquella ocasión, el Ejecutivo optó por no modificar directamente el funcionamiento del mercado eléctrico y recurrió principalmente a medidas fiscales, entre ellas la reducción temporal del IVA de la electricidad y la rebaja de los peajes para la industria electrointensiva. Ahora, las previsiones de cara al invierno han elevado la preocupación, con escenarios que sitúan el gas en torno a los 105 euros por MWh y la electricidad cerca de los 189 euros por MWh.
El Ministerio de Economía ha confirmado que mantiene conversaciones con empresas del sector energético, especialmente con compañías petroleras y gasistas, ante la posibilidad de adoptar nuevas medidas. Desde Transición Ecológica también reconocen que será necesario actuar, aunque todavía no han concretado qué instrumentos podrían utilizarse. Entre las alternativas que presentan una aplicación más sencilla se encuentran una nueva reducción del IVA de la electricidad o utilizar los ingresos obtenidos por los derechos de emisión de CO2 para financiar parte de los peajes y cargos incluidos en la factura. También podría revisarse la tarifa regulada del gas, la TUR, que afronta una importante subida en la revisión trimestral de octubre.
La excepción ibérica estableció durante un año un precio máximo de 50 euros por MWh para el gas destinado a la generación eléctrica. La medida redujo los ingresos que obtenían las tecnologías inframarginales, como las nucleares, las hidráulicas y determinadas renovables, aunque las centrales de gas continuaron recuperando sus costes reales mediante una compensación abonada por los consumidores a través de las comercializadoras. El mecanismo fue considerado una ayuda de Estado y tuvo que contar con la autorización europea. España también había aprobado en 2021 una minoración de los ingresos extraordinarios obtenidos por determinadas instalaciones inframarginales como consecuencia del elevado precio del gas, una medida que no tuvo la consideración de ayuda de Estado y que fue cuestionada por las grandes compañías eléctricas.
La situación actual también presenta diferencias respecto a la crisis energética de 2022. En aquel momento, España llegó a registrar los precios mayoristas más elevados de Europa y el PVPC, al estar directamente vinculado al mercado mayorista, trasladaba con rapidez esas subidas a millones de hogares. Aquella situación contribuyó al impulso de una reforma del mercado eléctrico europeo, aunque no llegó a modificar el principio marginalista que defendían los países del norte frente a las propuestas de los Estados del sur.
Ahora, pese al fuerte incremento registrado en España, otros grandes mercados europeos como Italia, Francia y Alemania han alcanzado precios todavía superiores en determinados momentos. En paralelo, España respalda la posibilidad de recuperar un gravamen sobre las compañías energéticas que permita captar parte de los ingresos extraordinarios generados por la crisis de Ormuz y evitar que terminen trasladándose a los consumidores mediante una mayor inflación.
La Unión Europea dispone además de un mecanismo de emergencia energética que podría permitir a los Estados subvencionar las facturas de hogares y pequeñas empresas en determinadas circunstancias. Esta posibilidad se incorporó a la normativa europea tras la crisis provocada por la reducción del suministro de gas ruso. Sin embargo, la activación exige que la Comisión Europea declare formalmente la situación de emergencia y se alcancen unos umbrales especialmente elevados. Entre ellos se contempla que el precio de la electricidad supere 2,5 veces la media registrada durante los cinco años anteriores o que rebase los 180 euros por MWh y exista una previsión de que esos niveles se mantengan durante los seis meses siguientes.