(El País, 18-05-2026) | Fiscal
El Gobierno asume que parte del paquete de ayudas energéticas aprobado en marzo para reducir el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo comenzará a retirarse a partir del 1 de junio. No obstante, el mismo día en que confirmó oficialmente el inicio del desmantelamiento parcial de esas medidas, el Ejecutivo quiso dejar claro que seguirá interviniendo mientras continúe la crisis y garantizó que mantendrá activas las herramientas de apoyo necesarias para familias y empresas durante el tiempo que haga falta.
La publicación este jueves del dato definitivo de inflación de abril por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) activa parcialmente la cláusula prevista en el decreto de ayudas y acelera la eliminación de algunas rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas. Aun así, el Gobierno insistió en que la estrategia no termina aquí y avanzó que en las próximas semanas analizará el comportamiento de los precios y negociará con los agentes sociales y los sectores afectados posibles medidas adicionales más allá de junio. El Ejecutivo dispone ahora de unas seis semanas para decidir cómo actuar.
El plan diseñado en marzo, valorado en alrededor de 5.000 millones de euros, incluía reducciones del IVA y de impuestos especiales sobre la electricidad, el gas y los carburantes. En principio, estas ayudas debían mantenerse entre abril y junio, aunque el decreto incorporaba una cláusula ligada a la evolución de la inflación que permitía retirarlas antes. Con el IPC confirmado en el 3,2% en abril, el escenario queda dividido: las bonificaciones sobre los carburantes seguirán vigentes, mientras que las aplicadas a la electricidad y al gas natural desaparecerán desde comienzos de junio.
A pesar de ello, el Ejecutivo quiere transmitir que el fin parcial de las rebajas fiscales no implica el cierre de la respuesta pública frente a la crisis energética. Fuentes del área económica del Gobierno explican que el decreto de marzo se concibió como un primer escudo temporal y que las próximas decisiones dependerán tanto de la evolución de los precios energéticos como del contexto geopolítico internacional, marcado todavía por una gran incertidumbre.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, reforzó ese mensaje este jueves durante un acto en Málaga. "Mientras siga siendo necesario, seguiremos apoyando", afirmó ante los medios. También señaló que el Gobierno aprovechará las seis semanas que quedan hasta el vencimiento del primer decreto para analizar la situación y estudiar cómo continuar protegiendo a los hogares, empresas y sectores más afectados.
Con ese propósito, el Ejecutivo abrirá en los próximos días una ronda de contactos con sindicatos, patronales y representantes de los sectores económicos más expuestos al encarecimiento energético. Las reuniones comenzarán la próxima semana. El Gobierno menciona especialmente a transportistas, agricultores y ganaderos, que todavía se benefician de ayudas directas y bonificaciones aprobadas en marzo hasta finales de junio. El objetivo será evaluar el impacto real de las medidas actuales y valorar qué mecanismos podrían seguir siendo necesarios a partir de julio, cuando expire completamente el decreto.
Mientras tanto, la atención se centra en medir cómo afectará a hogares y empresas la retirada de las rebajas fiscales sobre la luz y el gas. Los expertos advierten de que la desaparición de estos descuentos podría traducirse en un encarecimiento inmediato de las facturas, aunque el efecto final dependerá también de la evolución internacional de los mercados energéticos. Rafael Salas, investigador del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), explica que las medidas adoptadas en marzo, junto al peso creciente de las energías renovables, habían logrado contener parte del incremento energético en abril y mayo. Según estimaciones elaboradas con datos del INE, las ayudas redujeron los precios un 8,4% en la electricidad, un 10% en el gas natural, un 16,3% en el gasóleo y un 19% en la gasolina.
La retirada de parte de estas bonificaciones podría provocar ahora el efecto contrario. Salas calcula que la eliminación de las rebajas fiscales elevaría los precios de la electricidad cerca de un 9,9% y los del gas natural alrededor de un 11,7%, precisamente los dos suministros que dejarán de beneficiarse de las ayudas desde junio. En los carburantes, donde las bonificaciones siguen vigentes de momento, el impacto potencial sería incluso superior si finalmente también se retiraran: un 9% más en el gasóleo y un 15,1% en la gasolina. El economista precisa, en cualquier caso, que se trata de cálculos orientativos sujetos a cambios constantes según evolucione el mercado y el comportamiento de la inflación.
Además de la energía, los analistas alertan de que otros componentes del IPC, como los alimentos, podrían verse afectados si el conflicto se prolonga y las tensiones sobre los fertilizantes acaban trasladándose a los precios finales.
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que, en el escenario actual y suponiendo que las ayudas a los carburantes se mantengan hasta julio, la inflación en España podría superar el 4% en agosto y septiembre, con una media anual del 3,4%. En un contexto más tensionado, con el petróleo en torno a los 115 dólares por barril, el IPC superaría el 4% durante buena parte de la segunda mitad del año y la inflación media alcanzaría el 3,6% en 2026 y el 3,8% en el siguiente ejercicio. Por el contrario, en un escenario más favorable, con el crudo en 65 dólares, la inflación media bajaría al 3,1% este año y al 1,8% en 2027.
Precisamente esa evolución será la que el Gobierno seguirá de cerca antes de decidir si prorroga parte de las ayudas o activa nuevas medidas desde el 1 de julio. En el Ejecutivo reconocen que el inicio de la retirada del escudo energético abre una nueva etapa en la que será clave comprobar hasta qué punto el mercado absorbe el fin de las rebajas fiscales sin generar nuevas presiones sobre consumidores y empresas. Por ello, insisten en que las próximas semanas serán determinantes para evaluar la evolución de los precios y decidir si determinados sectores continúan necesitando apoyo extraordinario.