(El País, 27-02-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo avanza en la tramitación del Estatuto del Becario, la iniciativa con la que pretende reducir la precariedad que afecta a muchos estudiantes en prácticas. La comisión de secretarios y subsecretarios celebrada este jueves ha autorizado que el texto vuelva al Consejo de Ministros el próximo martes para su aprobación en segunda lectura, según fuentes del Ejecutivo. Este trámite es el último antes de que el anteproyecto llegue al Congreso, donde su aprobación se antoja complicada. Al previsible voto en contra de PP, Vox y Junts -que ya rechazaron la reducción de jornada- se suman las reservas de algunos aliados habituales del Gobierno.
La trayectoria de esta norma ha sido especialmente accidentada. El acuerdo inicial fue alcanzado en junio de 2023 entre el Ministerio que dirige Yolanda Díaz y los sindicatos CCOO y UGT, poco antes de las elecciones generales. El texto contó desde el principio con la oposición de las organizaciones empresariales y de los rectores universitarios, pero también con críticas internas desde el ala socialista del Ejecutivo, que lo consideró poco maduro desde el punto de vista técnico. Ese desacuerdo público dentro del propio Gobierno fue inédito en iniciativas de este tipo.
La convocatoria electoral y la prioridad otorgada a otras reformas, como la reducción de la jornada laboral, retrasaron su avance y generaron malestar en los sindicatos. Finalmente, en noviembre del año pasado el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto en primera vuelta, sin cambios relevantes respecto al documento original.
Entre esa primera aprobación y la prevista para la próxima semana, el Consejo Económico y Social emitió su dictamen. Este órgano, en el que participan empresarios, sindicatos y representantes del Gobierno, criticó la falta de datos para evaluar el impacto económico de la medida y señaló que no contempla mecanismos específicos de apoyo para pequeñas y medianas empresas.
El Estatuto plantea reducir a un máximo de 480 horas por estudiante las prácticas extracurriculares, actualmente más amplias y consideradas el ámbito donde se concentra buena parte del fraude por no estar ligadas directamente a la formación académica. También prevé un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 225.000 euros en los casos más graves, y obliga a las empresas a asumir los gastos derivados de las prácticas, como el transporte. Esta compensación no afectaría a quienes ya reciben remuneración, al entenderse que su salario cubre esos costes. El texto no establece la obligación de pagar a todos los becarios, una reivindicación que finalmente quedó fuera del acuerdo.
Desde la Conferencia de Rectores se valoró positivamente la previsión de cubrir gastos, aunque se expresó preocupación sobre su aplicación efectiva si empresas y entidades públicas no asumen esas cuantías. También señalaron la experiencia reciente con las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes no remunerados, que en la práctica están siendo abonadas por las universidades, pese a que inicialmente se planteó que correspondieran a las entidades receptoras. Se trata de una cantidad reducida, bonificada en un 95%, pero que muchos centros de prácticas están evitando asumir.
Los sindicatos respaldan el planteamiento de Trabajo, aunque inicialmente aspiraban a medidas más ambiciosas, como la supresión total de las prácticas extracurriculares. Ante la posibilidad de alcanzar un consenso más amplio, moderaron sus pretensiones, aunque ese acuerdo con las patronales no llegó a producirse.
De cara al trámite parlamentario, el panorama es incierto. PP, Vox y Junts suman mayoría suficiente para bloquear la iniciativa, y otras formaciones que suelen apoyar al Ejecutivo, como ERC, Bildu o PNV, ya manifestaron dudas cuando se presentó el texto. CCOO y UGT han pedido a los grupos que reconsideren su postura y permitan la aprobación de una norma que, a su juicio, supone un avance en la protección de los jóvenes frente a la precariedad laboral.