(Expansión, 02-04-2024) | Laboral

Reducir la temporalidad y la alta rotación en el mercado laboral español, que se sitúa entre las más altas de la UE, ha sido uno de los objetivos de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 por el Gobierno de coalición (que entró en vigor en 2022), aunque hasta ahora su impacto ha sido limitado. Según una encuesta realizada por InfoJobs entre responsables de recursos humanos y trabajadores, casi un tercio de las empresas españolas experimentaron un aumento en la rotación laboral hacia finales del año pasado. Esto se debe no solo a la búsqueda de mejores oportunidades laborales por parte de los empleados, sino también al uso generalizado de contratos de corta duración.

Para abordar esta situación, una de las medidas del Gobierno ha sido penalizar los contratos de muy corta duración con un aumento gradual de las cotizaciones sociales. Esta penalización se incrementó casi un 5%, pasando de 29,74 a 31,22 euros, para los contratos temporales inferiores a un mes de duración.

Esta medida se incluyó en la reforma laboral de 2021 para desincentivar el uso de los contratos de corta duración. Inicialmente, la penalización era de 27,53 euros por trabajador dado de baja, pero ha ido aumentando gradualmente. Esta subida se ha ajustado al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que fue del 5%, elevando tanto las bases mínimas de cotización como la penalización para los contratos de menos de 30 días.

Además de esta penalización, las empresas también deben hacer frente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor este año para contribuir a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Este mecanismo implica una cotización adicional del 0,7%, con la mayor parte (0,58%) a cargo de las empresas y el resto (0,12%) a cargo de los empleados.

El continuo aumento de las cargas laborales, tanto por impuestos como por cotizaciones sociales, es una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. Esto supone una carga competitiva para las empresas en un entorno de baja productividad. A pesar de un ligero respiro debido al abaratamiento de la energía y los insumos, los costos laborales y de servicios siguen en aumento, lo que afecta a la rentabilidad de las pymes españolas y las sitúa entre las menos rentables de Europa.

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