(El Economista, 19-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros aprobará este martes el primer impulso para poner en marcha el fondo soberano "España Crece", anunciado en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de canalizar inversión pública y privada cuando se agoten los fondos europeos Next Generation. El Ejecutivo prevé movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión público-privada, aunque el punto de partida será de 10.500 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta primera fase, se dará la orden al Tesoro Público para transferir el capital que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), según ha adelantado El País.
Sánchez presentó este instrumento como un "ejercicio de soberanía nacional" destinado a atraer financiación a través de préstamos, avales o instrumentos de capital en sectores estratégicos como la vivienda, la energía, la digitalización, la inteligencia artificial, la reindustrialización, la economía circular, las infraestructuras hidráulicas o la seguridad, con el propósito de reforzar la productividad de la economía española. Entre esas áreas, la defensa se perfila como una de las prioritarias, un ámbito que no recibió financiación europea tras la pandemia. En este contexto, el presidente también planteó movilizar hasta 23.000 millones de euros para impulsar vivienda asequible mediante financiación público-privada.
El arranque del fondo se apoyará en parte en recursos remanentes de las transferencias europeas, mientras que los 10.500 millones iniciales anunciados por Sánchez procederán de créditos del propio plan de recuperación. Estos fondos serán canalizados por el ICO hacia el mercado con la intención de alcanzar hasta 60.000 millones de euros de inversión, a los que posteriormente se sumaría capital privado para elevar la capacidad total de movilización hasta los 120.000 millones.
Tal y como ha explicado elEconomista.es, el ICO separará el perímetro del fondo "España Crece" de su actividad ordinaria para evitar solapamientos y garantizar la transparencia en su gestión. Este vehículo, definido por el Gobierno como fondo soberano, funcionará como una cartera diferenciada, con cuentas y balances propios, aunque sin constituirse como una entidad independiente ni contar con una gobernanza separada. Las decisiones estratégicas sobre inversiones y financiación seguirán correspondiendo al consejo de administración del ICO, cuya autonomía ya ha sido respaldada por la Comisión Europea.