(El Economista, 19-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha presentado una modificación al Proyecto de Ley destinada a combatir los impactos de la guerra en Ucrania y la sequía, conocida como la ley anticrisis, con el fin de salvaguardar las pensiones de aquellos contribuyentes que realizan aportaciones a mutualidades como las de la abogacía o la medicina, garantizándoles una prestación mínima.
Esta acción gubernamental surge en respuesta a las persistentes protestas de abogados y procuradores, quienes han denunciado que, tras años de contribuciones a la mutualidad de la abogacía, recibirán pensiones de apenas 300 o 400 euros al mes. Estos profesionales exigen que se transfieran sus aportaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para empezar a cotizar a través de la Seguridad Social.
En este contexto, el PSOE ha presentado la enmienda número 190 al Proyecto de Ley con el objetivo de "mejorar la protección social de las mutualidades contempladas en la disposición adicional decimonovena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social". Una vez que esta normativa avance, actualmente en proceso de tramitación en el Congreso, el Gobierno se compromete a tomar las medidas legislativas necesarias en un plazo de tres meses "para reforzar la protección social de las mutualidades". Por el momento, el partido socialista no ha ofrecido más detalles sobre cómo se mejorarán las protecciones de los mutualistas, justificando la enmienda en la necesidad de una mejora técnica de la norma.
Específicamente, la disposición adicional decimonovena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social permite que los mutualistas realicen aportaciones mensuales menores a las que harían si cotizaran al RETA. Pueden contribuir con el 80% de la cuota mínima requerida por este régimen de la Seguridad Social. Esta menor contribución es la razón por la que muchos de los mutualistas jubilados reciben actualmente una pensión por debajo del mínimo de jubilación.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció a principios de este mes en el Senado que el Gobierno tiene la intención de permitir el acceso al RETA solo a aquellos mutualistas que realizaron aportaciones antes de 1996, ya que en ese momento la ley no les permitía cotizar a la Seguridad Social. También mencionó que a partir de 2027 se hará obligatorio que los nuevos profesionales coticen a la Seguridad Social. Sin embargo, esta solución no satisface a los mutualistas de la abogacía y la procura, ya que deja en una situación incierta las pensiones de aquellos que cotizaron entre 1997 y 2026.