(Expansión, 28-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros celebrará hoy su última reunión antes del parón estival y, además de aprobar un paquete de medidas para hacer frente a los incendios, tiene previsto dar luz verde al anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales. La principal novedad de esta reforma será la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), un organismo que concentrará las funciones de supervisión, inspección y sanción en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en España.
La iniciativa actualiza el marco normativo vigente desde 2010 y adapta la legislación española al nuevo paquete europeo de prevención del blanqueo aprobado en 2024. Entre sus principales novedades figura la ampliación del número de sujetos obligados a cumplir estas normas, incorporando a proveedores de servicios de criptoactivos, plataformas de financiación participativa y clubes y agentes del fútbol profesional.
La nueva ANIFI asumirá las funciones de unidad de inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora y aplicación de las sanciones financieras internacionales. Asimismo, ejercerá competencias que hasta ahora no estaban atribuidas a ningún organismo, como la supervisión de las medidas destinadas a prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, será el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA).
La autoridad quedará integrada en la estructura del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una decisión que, según fuentes gubernamentales, permitirá aprovechar la organización y los recursos ya existentes. Al frente del FROB ha sido propuesta recientemente Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro y Política Financiera. La ANIFI contará inicialmente con una plantilla aproximada de 250 profesionales, procedentes del propio FROB, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y del Tesoro.
En cuanto a su financiación, dispondrá de un presupuesto anual cercano a los 50 millones de euros, que se sufragará mediante una nueva tasa aplicable a los sujetos obligados que operan bajo autorización administrativa, principalmente entidades financieras y operadores del sector del juego. De este modo, el organismo no dependerá directamente de los Presupuestos Generales del Estado.
La reforma constituye una revisión más amplia del sistema de prevención del blanqueo que la prevista en anteriores proyectos normativos y se desarrolla de forma paralela al proyecto de Ley de Integridad Pública. Con ello, el Gobierno pretende aproximar la legislación española a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de fijar las recomendaciones internacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Uno de los cambios más relevantes del anteproyecto es la incorporación expresa de los criptoactivos al ámbito de actuación de las autoridades de prevención del blanqueo. A partir de la nueva normativa, los proveedores de servicios relacionados con estos activos digitales estarán sometidos a las mismas obligaciones de control que otros operadores financieros, en respuesta al creciente uso de nuevas tecnologías y a la sofisticación de las redes delictivas.
Además, la ley reforzará las obligaciones de transparencia sobre la titularidad real de empresas y entidades, ampliando las facultades de inspección y sanción del Registro Central correspondiente. También endurecerá los requisitos de idoneidad para los sujetos obligados, impidiendo que personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales puedan dirigir o gestionar este tipo de entidades. Por último, el anteproyecto incrementará los controles sobre los movimientos de dinero en efectivo, reforzando las herramientas de prevención del fraude fiscal y de lucha contra el blanqueo de capitales, en línea con las últimas reformas impulsadas tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea.