(La Razón, 26-03-2026) | Fiscal
La situación de minoría parlamentaria del Gobierno de coalición ha terminado forzando a Pedro Sánchez a dar el paso de trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos quedar exentos de declarar y abonar el IVA cuando su facturación anual no supere los 85.000 euros. Esta norma comunitaria, cuya aplicación debía haberse producido el 1 de enero de 2025, introduce el denominado IVA franquiciado, un sistema pensado para aliviar cargas administrativas y mejorar la liquidez de pequeños negocios y profesionales con menor volumen de ingresos.
La medida había sido objeto de negociación durante meses entre las asociaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda, pero el Ejecutivo no llegó a implementarla pese a las advertencias de Bruselas. Ahora, en el contexto de la aprobación del plan anticrisis derivado del conflicto con Irán, el Gobierno se ha visto obligado a asumir esta exigencia de Junts para asegurar su respaldo al decreto del llamado escudo social.
Aunque Junts ha capitalizado políticamente este avance, lo cierto es que el Congreso ya había dado luz verde en octubre a una iniciativa del Partido Popular en el mismo sentido, aprobando una moción que proponía eliminar el IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. Sin embargo, el Ejecutivo no desarrolló dicha medida, pese a que la Comisión Europea ya había iniciado acciones contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado la directiva en plazo. En este escenario, el apoyo de Junts al decreto vinculado a la crisis internacional se produce a cambio de una medida que ya había sido previamente avalada por la Cámara.
Desde el colectivo de autónomos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado con tono crítico que "ha tenido que producirse una guerra" para que finalmente se adopte esta decisión. El plazo para su aplicación expiró a comienzos de 2025 y, ante la inacción, la organización llegó a denunciar al Gobierno ante las instituciones europeas. Ahora, la transposición de la directiva se ha convertido en condición para respaldar el decreto anticrisis, una medida largamente reclamada por el sector. ATA estima que la implantación del IVA franquiciado podría suponer un ahorro de hasta 600 euros por autónomo en costes administrativos y gestión.
Por su parte, UPTA destaca que más de un millón de autónomos en España podrían acogerse a este régimen simplificado, lo que representaría un alivio significativo en términos burocráticos para quienes tienen menor volumen de facturación. La organización subraya que esta reforma forma parte de las reivindicaciones históricas del colectivo, orientadas a lograr un sistema fiscal más sencillo, estable y ajustado a la realidad del trabajo autónomo. En este sentido, consideran que el IVA franquiciado no es una medida accesoria, sino una necesidad para miles de pequeños negocios, y critican que el Ministerio de Hacienda no la hubiera puesto en marcha en su momento, pese a haber sido previamente consensuada con las organizaciones representativas.