(El Economista, 05-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno tiene previsto implementar un nuevo sistema para calcular los peajes de las autopistas, incentivando el uso de vehículos menos contaminantes. Esta medida responde a la necesidad de transponer la Directiva 2022/362 de la Unión Europea (UE) del 24 de febrero de 2022, orientada a la descarbonización del sector del transporte terrestre.
En los próximos meses, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto (RD) para incorporar esta directiva al ordenamiento jurídico español. El nuevo método para fijar los peajes no afectará a las autopistas de peaje gestionadas por empresas privadas, pero sí a las nueve vías administradas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), incluyendo las radiales de Madrid.
La transposición de la Directiva implica cambios en el cálculo de los peajes, como la inclusión de los costes asociados a la contaminación para los vehículos pesados, así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los costes externos.
En concreto, en las autopistas gestionadas por Seitt, la modificación del cálculo de los peajes para vehículos pesados entrará en vigor a partir de marzo de 2026. Se espera que este cambio beneficie a los vehículos menos contaminantes, ya que estas autopistas tienen alternativas gratuitas en forma de autovías.
El nuevo marco normativo sentará las bases para posibles cambios futuros en el cálculo de los peajes. Sin embargo, el Gobierno ha descartado la introducción del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad. La aprobación de este RD no implica la creación de nuevos peajes ni modificaciones en el sistema tarifario vigente en las autopistas de concesión.
Para acelerar la implementación del nuevo modelo, el Ministerio de Transportes abrirá una consulta pública previa sobre el proyecto de RD para la transposición de la Directiva (UE) 2022/362, desde este viernes hasta el próximo 29 de abril. Esto permitirá que ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan realizar sus aportaciones al proyecto.
La Directiva modificada afecta a las Directivas 1999/62/CE y 1999/37/CE, así como a la (UE) 2019/520, en relación con la aplicación de gravámenes a los vehículos por el uso de determinadas infraestructuras. Se requiere que los Estados miembros introduzcan un impuesto sobre las emisiones de CO2 en la fiscalidad de los vehículos por el uso de estas infraestructuras.