(Expansión, 01-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Desde finales de 2020, cuando España reforzó los controles frente a inversores extranjeros considerados no deseados, el Gobierno ha analizado más de 1.600 operaciones corporativas. En concreto, revisó 1.608 transacciones hasta diciembre del año pasado, según un análisis elaborado por EXPANSIÓN, lo que equivale prácticamente a una operación cada día y medio.
La tendencia se intensificó en 2025. De acuerdo con los datos más recientes, el Ejecutivo sometió a autorización previa 196 operaciones, la cifra más alta registrada hasta ahora. Este récord refleja, por un lado, el creciente interés de capital extranjero por ganar presencia en el tejido empresarial español mediante adquisiciones y, por otro, un endurecimiento de la vigilancia gubernamental sobre sectores considerados estratégicos.
También se ha producido un cambio en el foco de esa supervisión. Las compañías energéticas, tradicionalmente consideradas activos prioritarios a proteger, han perdido peso. Si en 2024 representaban el 20% de las operaciones examinadas, en 2025 su cuota cayó al 9%. En cambio, el sector tecnológico ha ganado protagonismo y concentra actualmente entre el 17% y el 18% de los expedientes revisados.
De las 1.608 operaciones analizadas desde 2020, el Ejecutivo concluyó que 486 debían pasar por autorización formal. Sin embargo, en la mayoría de esos casos -386 concretamente- el permiso se concedió sin imponer condiciones. Solo en 45 operaciones se establecieron requisitos adicionales y únicamente dos fueron rechazadas. La mayoría de los expedientes afectaban a empresas poco conocidas fuera de su ámbito de actividad.
Aun así, algunas operaciones han despertado especial sensibilidad por implicar a grandes compañías o grupos estratégicos del Ibex, así como por las dudas generadas en torno al perfil de los inversores. Entre ellas destacan la entrada del grupo saudí estatal STC en Telefónica o la adquisición por parte de la china Three Gorges de activos renovables, entre ellos Mula, la mayor planta fotovoltaica de España, comprada a Qualitas Energy. En ciertos casos, una misma empresa ha sido examinada en más de una ocasión. Es lo ocurrido con Naturgy, primero por la opa parcial del fondo australiano IFM y posteriormente tras la entrada de BlackRock en el capital mediante la compra de GIP.
El grupo emiratí Masdar es el inversor que más veces ha tenido que pasar el filtro del Ejecutivo: en dos ocasiones por compras de activos a Endesa y una tercera por la adquisición de Saeta Yield. El organismo encargado de estas revisiones es la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), dependiente del Ministerio de Economía aunque con carácter interministerial. La normativa que regula este mecanismo, conocido popularmente como "escudo antiopas", ha prorrogado su vigencia hasta diciembre de 2026.