(Cinco Días, 12-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en su plan de prohibir todas las llamadas comerciales de las compañías eléctricas que no hayan sido solicitadas de forma expresa por los clientes. Esta medida forma parte de la Propuesta de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, que se sometió este jueves a audiencia pública y que el Gobierno pretende aprobar antes de que finalice el año. El plazo para presentar alegaciones estará abierto hasta el 30 de septiembre.
La iniciativa responde a una recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en su informe sobre los mercados minoristas de gas y electricidad de 2024 ya pedía la eliminación de estas prácticas. El organismo señalaba que se han recibido numerosas quejas de usuarios que denunciaban llamadas engañosas y no autorizadas por parte de distintas comercializadoras, lo que en ocasiones terminaba en contrataciones sin información suficiente o con condiciones poco claras.
Cabe recordar que la Ley General de Telecomunicaciones, en vigor desde junio de 2023, reconoce el derecho de los consumidores a no recibir comunicaciones comerciales no deseadas, salvo en aquellos casos en los que exista un consentimiento explícito por parte del usuario. La estrategia también prevé una revisión de los beneficiarios del bono social eléctrico, planteando, por ejemplo, la posibilidad de establecer límites de renta en el caso de las familias numerosas, un aspecto que ya había adelantado Teresa Ribera antes de su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea.
Otra de las novedades afecta a la facturación: cuando una compañía cobre menos de lo debido, deberá reclamar los importes pendientes de manera gradual y solo podrá hacerlo durante un año; en cambio, si ha cobrado de más, estará obligada a devolver el dinero de inmediato e incluir intereses. Además, el documento pone el acento en la pobreza energética derivada de las olas de calor estivales, para lo que se plantea reforzar los refugios climáticos y prohibir los cortes de suministro a consumidores vulnerables en esos periodos. También se revisará la financiación de estas medidas, con el fin de evitar deudas acumuladas con las eléctricas y asegurar que la protección llegue únicamente a quienes realmente la necesitan, incluyendo a los pacientes electrodependientes.
La propuesta busca además reducir la brecha entre los hogares que tienen derecho al bono social y los que realmente lo reciben. Actualmente lo perciben 1,7 millones de familias, unas 400.000 más que en 2018. Para ello, se eliminarán prácticas como las penalizaciones por permanencia si el beneficiario contrata el PVPC con bono social y se exigirá que quede constancia escrita en caso de que el consumidor quiera renunciar a él.
El documento es fruto de un proceso participativo con organizaciones sociales, académicos y representantes empresariales, que incluyó una consulta directa a familias vulnerables, y se enmarca en un contexto marcado por crisis recientes como la pandemia o la guerra en Ucrania.
Entre las medidas adicionales, destaca la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética con acceso público a través de la web del Ministerio, para centralizar datos e impulsar el intercambio técnico entre expertos. También se incluyen programas de rehabilitación energética de viviendas vulnerables, apoyo económico para que estos consumidores se integren en comunidades energéticas y actuaciones frente a las olas de calor, como el fomento de sistemas de refrigeración o la puesta en marcha de refugios climáticos.
Finalmente, el plan contempla acciones de comunicación y sensibilización, como mejorar la coordinación entre administraciones, habilitar puntos de asesoramiento energético para consumidores vulnerables y reforzar la detección de casos de pobreza energética desde la atención primaria en el sistema sanitario.