(Expansión, 02-07-2026) | Laboral
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene por ahora la cautela ante la posibilidad de que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes acabe siendo examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si se ajusta plenamente a la normativa comunitaria. A la espera de los datos definitivos que el Gobierno prevé hacer públicos en las próximas horas, más de un millón de personas migrantes habrían solicitado acogerse a este procedimiento excepcional, según indicó la ministra Elma Saiz. Además, señaló que aproximadamente la mitad de las solicitudes ya han superado la fase inicial de admisión a trámite.
Por el momento, el Ejecutivo evita pronunciarse sobre una eventual intervención del TJUE. En una entrevista en Radio Nacional de España, la portavoz del Gobierno confirmó que su departamento presentará este viernes las alegaciones correspondientes en respuesta a las providencias dictadas por el Tribunal Supremo, tras los recursos interpuestos por los gobiernos de Aragón y Comunidad Valenciana. Una vez analizadas, será el Alto Tribunal quien decida si plantea una cuestión prejudicial ante la justicia europea.
El Ministerio ofrecerá este jueves un primer balance del proceso de regularización, en un contexto marcado por las dudas expresadas por el Supremo. Los magistrados cuestionan si el real decreto garantiza una evaluación individual y detallada de cada expediente o si, por el contrario, establece una regularización de carácter general para ciudadanos extracomunitarios que ya se encontraban en España en situación administrativa irregular.
Además, el Alto Tribunal aprecia posibles incompatibilidades con el Unión Europea Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024, que establece que el derecho a permanecer en un territorio mientras se resuelve una solicitud no equivale automáticamente a un permiso de residencia. También se señala una posible colisión con la Directiva de Retorno, una norma comunitaria que España debía haber incorporado en 2011 y cuya transposición sigue pendiente.
En ese marco, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se preguntan si resulta conforme al derecho europeo conceder, de forma general, autorizaciones temporales de residencia a personas en situación irregular sin que medie previamente una orden de retorno, salvo en los supuestos excepcionales contemplados por la propia normativa comunitaria.
Desde el ámbito profesional, los gestores administrativos también han subrayado la complejidad técnica del procedimiento. El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, recuerda que cada solicitud requiere acreditar circunstancias personales, laborales, familiares o de vulnerabilidad, además de presentar documentación diversa y cumplir exigentes requisitos legales para obtener autorización de residencia y trabajo. Santiago Ollero insiste en que no se trata de un trámite automático ni de una solicitud estándar, sino de un proceso que exige conocimientos especializados, experiencia y criterio técnico para evaluar correctamente cada caso.
Pese a las dudas jurídicas, la ministra Saiz reiteró un mensaje de calma dirigido a los solicitantes. Recordó que el Tribunal Supremo ya rechazó hace pocas semanas la adopción de medidas cautelares contra el procedimiento y defendió que el marco normativo cuenta con suficiente solidez jurídica. Asimismo, subrayó que este mecanismo únicamente reconoce el derecho a residir y trabajar en España a quienes cumplan los requisitos establecidos.