(Expansión, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
En la fase decisiva para asegurar la llegada de los fondos europeos -un proceso que culmina el próximo agosto- el Gobierno ha decidido modificar las condiciones del Plan de Recuperación con el fin de eliminar los obstáculos que dificultaban el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas. Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva adenda que flexibiliza las exigencias pendientes para liberar los 25.000 millones de euros en subvenciones aún disponibles del programa Next Generation, al tiempo que renuncia a 60.000 millones en préstamos ventajosos.
"El pasado junio, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros revisar sus planes para simplificarlos y agilizar los procedimientos, de modo que se optimizara la llegada y el uso de los fondos", recordó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al anunciar esta actualización, indicando además que otros 22 países están haciendo lo mismo. Según explicó, España ha recibido ya 71.000 millones del programa, de los cuales 55.000 millones son transferencias no reembolsables y 16.000 millones corresponden a créditos en condiciones favorables. El Gobierno estima que esta inyección ha contribuido en 2,6 puntos al crecimiento del PIB.
En cuanto a las ayudas a fondo perdido, España ha podido disponer de 55.000 millones de los 79.854 asignados y la adenda busca facilitar el acceso a los 25.000 millones restantes. Paralelamente, el documento formaliza la renuncia al 73% de los 83.154 millones en préstamos que la UE ofrecía, lo que evita tener que cumplir los hitos asociados a ellos. España, que hasta ahora solo había solicitado 16.000 millones, reducirá su petición a 22.800, alegando que estos créditos se concibieron en un momento en el que la pandemia encarecía la financiación nacional en comparación con la europea, diferencia que hoy prácticamente ha desaparecido. Así, estos fondos quedarán como un "colchón de seguridad de carácter nacional", según Cuerpo.
El ministro subrayó que España es el segundo país con mayor número de hitos completados -solo por detrás de Italia- con más de 260, la mayoría vinculados a reformas estructurales como la laboral, la Ley Crea y Crece, la normativa de startups o la ley de ciberseguridad 5G. Estas reformas, sostuvo, han permitido que la economía se recupere de la crisis del Covid sin efectos permanentes mientras avanza en modernización.
La adenda busca, en palabras de Cuerpo, "adaptar el Plan al nuevo escenario, reforzar las prioridades estratégicas, simplificar trámites y mejorar el aprovechamiento de los fondos". En primer lugar, la actualización -que aún debe recibir el visto bueno de Bruselas- introduce una fuerte "simplificación" de las obligaciones pendientes, con el alivio de la carga administrativa ligada a unos 160 hitos, la supresión de indicadores intermedios y la eliminación de requisitos ambiguos o superfluos.
En segundo lugar, aumenta el impulso a áreas clave mediante nuevas inversiones: 300 millones para proyectos europeos de supercomputación y 2.500 millones destinados a descarbonización y transición energética, entre otras. En tercer lugar, la adenda mantiene la "ambición" del Plan apostando por asegurar el cobro del 100% de las transferencias disponibles, incluso a costa de renunciar a dos tercios de los créditos. De este modo, España aspira a recibir 103.000 millones de los 163.000 millones previstos inicialmente.
El Gobierno también ha utilizado esta revisión para evitar la dependencia de un Parlamento cada vez más fragmentado. Así, el compromiso de sacar adelante una nueva Ley del Suelo se sustituye por la creación de una empresa pública del suelo a través de SEPES, y la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible ya permite desbloquear 10.000 millones de los 25.000 aún pendientes.
No obstante, Cuerpo admitió que la UE seguirá exigiendo la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, una medida que el Ejecutivo mantiene pese a no contar hoy con apoyo parlamentario suficiente. El incumplimiento podría costar a España 460 millones -1.100 millones si se suman los retrasos en la compensación a interinos y la modernización administrativa-. Entre las novedades de la adenda figura también una aportación de capital de 13.000 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a consolidar su capacidad de financiación más allá del marco de las ayudas europeas.