(Expansión, 22-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno prevé aprobar mañana, en el Consejo de Ministros, un nuevo sistema de ayudas de gran volumen destinado a numerosas instalaciones de generación eléctrica vinculadas a grandes industrias. Se trata de la cogeneración, una actividad que afecta a más de un centenar de grandes compañías industriales, entre ellas Azucarera, Atlantic Copper, Borges, BP, Canal de Isabel II, Cargill, Covestro, Dow, Moeve, Repsol, Saica, SEAT, Solvay, Torraspapel y Unilever, entre otras.
Con este nuevo mecanismo, el sector podría recibir ayudas superiores a 6.000 millones de euros, desbloqueando uno de los principales problemas que afrontan actualmente tanto la industria como el sector energético en España. Las plantas de cogeneración son instalaciones que aprovechan el calor residual generado en determinados procesos industriales -como los de la industria petroquímica, siderúrgica, papelera o cerámica- para producir electricidad, que posteriormente se inyecta a la red a cambio de una retribución regulada fijada por el Gobierno.
En sus mejores años, esta remuneración llegó a acercarse a los 1.000 millones de euros anuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas instalaciones han agotado su vida útil regulatoria y han dejado de percibir estas ayudas. Actualmente, se estima que más de la mitad de las más de 600 plantas de cogeneración existentes en España permanecen paradas al haber perdido el acceso a incentivos, una situación que está generando serias dificultades en numerosas empresas.
La patronal del sector, Acogen, llevaba años reclamando un nuevo marco regulatorio y retributivo que permitiera reactivar tanto las instalaciones como la inversión. Para obtener el visto bueno de Bruselas y evitar conflictos con la normativa sobre ayudas de Estado, el Ejecutivo ha rediseñado el sistema incorporando un modelo de subastas. A través de este mecanismo, las empresas podrán competir para acceder al nuevo régimen de ayudas.
El Consejo de Ministros aprobará el real decreto que servirá de base legal al nuevo sistema, al que seguirán las órdenes ministeriales necesarias para su puesta en marcha. El plan contempla dos subastas: una en 2026 y otra en 2027, con el objetivo de adjudicar hasta 1.200 megavatios (MW) de potencia, repartidos en 600 MW en cada convocatoria.
Podrán optar a estas subastas las compañías que renueven sus instalaciones con plantas de alta eficiencia capaces de operar con gas natural o, por primera vez, biomasa, y preparadas para utilizar al menos un 10% de hidrógeno renovable. Las plantas alimentadas con gas tendrán una vida útil regulatoria de 12 años, mientras que las de biomasa contarán con 20 años. Durante ese periodo recibirán una retribución anual determinada por el resultado de las subastas. El coste de estas ayudas, que recaerá sobre el sistema eléctrico y, por tanto, será asumido por los consumidores, se estima entre 414 y 582 millones de euros al año para el conjunto de los 1.200 MW adjudicados.
No obstante, esta cifra representa un máximo, ya que el importe final podría reducirse en función de los descuentos obtenidos en las subastas y de las horas reales de funcionamiento de las plantas. Aun así, considerando la duración de las ayudas, los ingresos acumulados para las empresas podrían superar los 6.000 millones de euros, una cantidad que no obtendrían sin este nuevo esquema de apoyo público.