(El País, 11-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y la interrupción posterior de la línea de alta velocidad provocaron una fuerte subida de los precios en los medios de transporte alternativos, especialmente en los vuelos, lo que generó malestar entre los consumidores. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Consumo ha impulsado un real decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que permitirá al Gobierno fijar límites a los precios de viajes, servicios o productos cuando se produzca una situación de emergencia que altere de forma extraordinaria la oferta y la demanda. Si el Congreso valida la norma, será el propio Consejo de Ministros quien pueda establecer esos topes cuando lo estime oportuno.
El decreto faculta al Ejecutivo a fijar un precio máximo para billetes y otros productos en caso de declaración de emergencia. Como regla general, el importe no podrá superar el precio más alto aplicado en los 30 días naturales anteriores al inicio de la situación excepcional. Así, si un trayecto concreto tenía como máximo un coste de 300 euros en el último mes, no podría rebasar esa cifra pese al aumento repentino de la demanda.
Además, la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios introduce un segundo mecanismo de control. Si el precio máximo registrado en ese mes previo supera en más de un 50% el precio medio del mismo periodo, el límite se fijará tomando como referencia esa media incrementada en un 50%. Por ejemplo, si el precio medio fue de 200 euros, aunque se haya alcanzado un pico de 1.000 euros, el tope quedaría establecido en 300 euros.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que la medida busca reforzar la protección de los consumidores frente a posibles prácticas abusivas en contextos de emergencia, como las denunciadas tras la dana de Valencia, los incendios de 2025 o el siniestro ferroviario de Córdoba.
El texto prevé que los límites puedan aplicarse no solo en situaciones declaradas formalmente como emergencia de protección civil, sino también en otros supuestos que determine el Consejo de Ministros, único órgano competente para activar la medida. Esto incluye casos como accidentes, emergencias técnicas, situaciones de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales.
Cuando se active el mecanismo, el Gobierno deberá concretar la fecha de inicio y finalización de la medida, los servicios o productos afectados y la referencia utilizada para fijar el límite. También podrá obligar a las empresas a informar a los consumidores sobre el precio medio y el máximo aplicado al menos durante el mes anterior. La limitación se mantendrá mientras persistan las condiciones anómalas de demanda vinculadas directamente a la emergencia.
No obstante, se permitirán subidas de precios cuando estén justificadas por un incremento verificable de costes o cuando resulten necesarias para ampliar la oferta y paliar la escasez, siempre que ello no implique un aumento de los márgenes empresariales. En el caso de productos o servicios con fuerte componente estacional, podrá tomarse como referencia el precio del mismo periodo del año anterior, actualizado conforme al IPC.
Aunque la norma aún debe ser convalidada por el Congreso, fuentes del Ejecutivo confían en que salga adelante, recordando que el Partido Popular había reclamado recientemente medidas para proteger a los consumidores y evitar incrementos abusivos tras el accidente de Adamuz. De hecho, esta formación solicitó explicaciones al Ministerio de Consumo sobre las actuaciones previstas para frenar las subidas en los trayectos entre Madrid y Andalucía.
La iniciativa se suma a otra aprobada tras la dana de Valencia, que impide a las empresas que aplican precios dinámicos mediante sistemas automatizados elevar sus tarifas en situaciones de emergencia o catástrofe. En aquel caso, el objetivo era frenar los incrementos registrados en servicios como VTC o alojamientos contratados por internet ante el aumento repentino de la demanda.
Desde el ámbito empresarial, la patronal catalana Fomento del Trabajo ha criticado la medida al considerar que parte de la premisa de que las compañías actuarán de mala fe en contextos de crisis. Además, sostiene que el Gobierno abre la puerta a una intervención discrecional del mercado basada en conceptos como urgencia o riesgo, que, a su juicio, podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias.