(El País, 18-11-2026) | Laboral
A doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha concentrado en un mismo Consejo de Ministros la aprobación de varias medidas económicas y laborales. Entre ellas figuran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que subirá un 5,3% hasta alcanzar los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, y la actualización de las retribuciones de los empleados públicos, que crecerán un 4,5% el próximo año, con otro medio punto adicional durante el primer trimestre, de acuerdo con el pacto plurianual alcanzado anteriormente.
La subida del SMI no necesita convalidación parlamentaria, pero sí deberán someterse a la Diputación Permanente el incremento salarial de los funcionarios y otras dos iniciativas aprobadas por el Ejecutivo: la modificación del IRPF para evitar que los perceptores del salario mínimo tengan que tributar y un decreto ley destinado a reforzar la transparencia retributiva en las empresas y endurecer las sanciones por incumplimiento.
El incremento del salario mínimo supera la inflación interanual registrada en octubre, que fue del 4,9%, aunque se queda por debajo del 7% reclamado por las organizaciones sindicales. La rapidez con la que se ha tramitado la medida, la celebración de una única reunión con los agentes sociales y su coincidencia con el contexto de la huelga general por la vivienda han impedido que CC OO y UGT respalden formalmente esta nueva subida.
Se trata de la primera ocasión en que ambas centrales sindicales no apoyan un aumento del SMI desde que Yolanda Díaz asumió el Ministerio de Trabajo. En un comunicado conjunto difundido este martes, UGT y CC OO reconocen el importante avance experimentado por el salario mínimo en los últimos años, pero reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con los sindicatos en relación con el registro horario y la compensación y absorción de las subidas del SMI. Según fuentes del Ejecutivo, la segunda iniciativa no saldrá adelante durante lo que resta de legislatura, mientras que Trabajo mantiene su apuesta por sacar adelante la primera. El lunes, Díaz volvió a criticar al PSOE por no impulsar la regulación del control horario.
La patronal tampoco ha respaldado este incremento ni la mayoría de las subidas anteriores. De hecho, únicamente apoyó la primera de las promovidas por Díaz. En esta ocasión, CEOE y Cepyme cuestionan que el aumento se apruebe antes de las elecciones y sin esperar a conocer su resultado. En ejercicios anteriores, las actualizaciones del salario mínimo solían aprobarse en torno al mes de febrero y con efectos retroactivos. Trabajo justifica el adelanto por su intención de evitar que la medida quede pendiente de un Gobierno en funciones. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado al Ejecutivo que celebre «dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral».
La nueva cuantía supone un aumento de 65 euros mensuales, hasta los 1.286 euros. Desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura, el SMI ha aumentado un 74%, pasando de 736 euros brutos al mes en 14 pagas. Durante el mismo periodo, los precios han subido alrededor de un 28%, lo que representa una mejora del poder adquisitivo del salario mínimo superior a 40 puntos porcentuales.
Este suelo salarial tiene una incidencia especialmente elevada entre las mujeres, los jóvenes y la población inmigrante, así como en actividades como la agricultura, el trabajo doméstico y la hostelería. Las estimaciones oficiales sitúan en unos 2,5 millones el número de personas que perciben el SMI. Tras el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha defendido que los incrementos continuados del salario mínimo constituyen un éxito y han demostrado que no se han cumplido los pronósticos económicos que advertían de un posible deterioro de la economía española.
El Gobierno también ha adelantado la aprobación del incremento salarial de los empleados públicos, que habitualmente se concretaba más adelante en el año. El Ejecutivo justifica esta decisión por la necesidad de evitar que la actualización de las nóminas quede en manos de un futuro Gobierno en funciones. Aunque el aumento coincide con la campaña electoral, su cuantía ya estaba recogida en el acuerdo plurianual firmado hace un año.
El incremento inicial será del 4,5% y, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, beneficiará a más de tres millones de empleados públicos. El ministro ha destacado que se trata de la mayor subida salarial desde 1992 y ha avanzado que el aumento efectivo será superior.
A ese porcentaje se añadirá otro 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a que la inflación interanual de ese ejercicio supere el 1,5%. Este compromiso forma parte del acuerdo suscrito con los sindicatos para elevar las retribuciones de los empleados públicos más de un 11% entre 2025 y 2028. La evolución definitiva del IPC se conocerá durante el primer trimestre del próximo año y, dado que se espera que supere ampliamente el umbral establecido, el incremento acumulado alcanzará previsiblemente el 5%. No obstante, desde el 1 de enero se aplicará inicialmente la subida del 4,5%.
Función Pública calcula que el aumento supondrá 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo, más de 1.900 euros para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, unos 3.700 euros para un médico y más de 4.000 euros para un juez.
Por último, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo que refuerza las obligaciones empresariales de información sobre las condiciones contractuales y salariales y aumenta las sanciones para las compañías que no faciliten los datos exigidos. Yolanda Díaz ha asegurado que con esta regulación se pone fin al secreto salarial en España. La iniciativa pretende avanzar en la aplicación de la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 7 de junio, y amplía el derecho de los trabajadores a conocer las remuneraciones medias correspondientes a puestos de trabajo equivalentes, además de reforzar la información contenida en los registros salariales.
La reforma incorpora también nuevas garantías para quienes realizan horas complementarias, es decir, las que se añaden a las pactadas en los contratos a tiempo parcial. Las empresas deberán comunicar su realización con al menos tres días de antelación. Si no respetan este plazo, el trabajador podrá rechazar las tareas asignadas sin sufrir consecuencias desfavorables. Asimismo, se endurecen los requisitos para establecer periodos de prueba superiores a seis meses, entre otras modificaciones.
En materia de transparencia salarial, la norma reconoce a cada empleado un derecho individual a recibir información sobre las retribuciones, en lugar de limitar este acceso a través de la representación legal de los trabajadores. También declara nulas las cláusulas contractuales que impidan divulgar el propio salario. A ello se suma la incorporación expresa al Estatuto de los Trabajadores de una garantía de indemnidad que protege frente a cualquier trato desfavorable, perjuicio o represalia derivada del ejercicio o la reclamación de derechos laborales.