(El País, 15-04-2026) | Laboral
Los empleados de la Administración General del Estado (AGE) verán reducida su jornada laboral en dos horas y media semanales. Así lo establece una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, aprobada por el Ministerio de Función Pública, que fija la jornada en 35 horas semanales, cumpliendo el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF el pasado 27 de marzo. Esta medida afecta a unos 250.000 trabajadores del ámbito estatal.
La nueva normativa entra en vigor mañana, aunque se concede un plazo de un mes a los organismos públicos para adaptar sus calendarios laborales a este cambio. Hasta ahora, la mayoría de empleados de administraciones autonómicas y locales ya disfrutaban de jornadas de 35 horas -alrededor del 60%-, lo que, según los sindicatos, suponía una desigualdad respecto a los trabajadores de la Administración central. Este compromiso ya figuraba en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022, aunque su aplicación se retrasó hasta retomarse en noviembre dentro de un acuerdo salarial más amplio.
La resolución aclara que esta reducción de jornada se limita a la Administración General del Estado y no afecta a otras administraciones, como las locales, pese a que los sindicatos consideran que podría tener cierto impacto indirecto en ellas.
El acuerdo establece una jornada media anual de 35 horas semanales, equivalente a 1.533 horas al año, aplicable a todo el personal de la AGE. Aunque inicialmente algunos colectivos quedaban fuera -como trabajadores de prisiones o de sanidad y educación en Ceuta y Melilla-, finalmente se han incluido, si bien su aplicación concreta deberá negociarse de forma específica.
Asimismo, los distintos departamentos deberán reorganizar su funcionamiento para garantizar que la reducción de jornada no afecte a la calidad ni a la continuidad de los servicios públicos, especialmente en áreas con atención directa al ciudadano o con trabajo por turnos.
El Gobierno también se compromete a reforzar la planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público para asegurar que esta medida sea compatible con un buen funcionamiento de los servicios.
La norma se aplica a la AGE, a la Seguridad Social y a organismos públicos dependientes, pero excluye al personal militar y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esencia, actualiza la regulación vigente desde 2019, introduciendo ajustes para adaptarla a la nueva jornada.
En cuanto a los horarios, la franja fija de mañana pasa a ser de 9:00 a 14:00, en lugar de hasta las 14:30, completándose el resto de la jornada con horario flexible entre las 7:00 y las 18:00 (de lunes a jueves) y hasta las 15:30 los viernes. También se reducen los horarios fijos de jornada partida y de tarde.
La jornada intensiva de verano se mantiene sin cambios: seis horas y media diarias entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. Por su parte, los empleados con régimen de especial dedicación pasarán de trabajar 40 horas a 37 horas y media semanales.
Finalmente, se amplían las medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación. Los trabajadores con responsabilidades familiares -como cuidado de menores, personas mayores, dependientes o familiares enfermos- podrán ajustar su horario fijo en una hora diaria. Además, se incorpora la posibilidad de flexibilizarlo también para quienes convivan con personas dependientes, aunque no exista vínculo familiar.