(El Economista, 02-09-2026) | Fiscal
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Proyecto de Ley con el que el Ejecutivo busca dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. La propuesta plantea una condonación de deuda superior a los 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas, sin supeditarla al cumplimiento de las reglas fiscales, como había recomendado la AIReF.
El Ministerio de Hacienda ya expuso las bases de esta iniciativa en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en febrero. En aquella reunión, la titular del departamento, María Jesús Montero, explicó la metodología diseñada para calcular las cantidades que podrían perdonarse a los territorios que lo solicitaran. Los gobiernos autonómicos del PP mostraron su rechazo y abandonaron la mesa, aunque el borrador salió adelante gracias al voto favorable del Ejecutivo central y de las comunidades gobernadas por el PSOE.
La presidenta de la AIReF, presente en la reunión, advirtió después de que la medida no debería aprobarse sin una reforma paralela del sistema de financiación autonómica -origen de gran parte de los desequilibrios actuales- ni sin condicionar la quita al cumplimiento de la disciplina fiscal. Según señaló, "no tiene sentido condonar deuda si no se garantiza que no se seguirá acumulando por encima de lo que permiten las reglas fiscales". Recordó además que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado en 2012 y principal vía de endeudamiento regional, sigue vigente, por lo que las comunidades podrán seguir recurriendo a él.
En este momento, todas las administraciones deben respetar la regla de gasto, de nuevo en vigor tras la suspensión motivada por la pandemia. Este principio busca que el aumento del gasto público sea sostenible y respaldado por ingresos estables. No obstante, el propio Gobierno prevé que su deuda supere el crecimiento potencial de la economía a medio plazo, lo que dificultaría el cumplimiento de la norma. Si la ley supera la tramitación parlamentaria, será el Estado el que asuma la deuda originada por los préstamos del FLA, mecanismo extraordinario habilitado durante la crisis financiera para auxiliar a las comunidades que no lograban financiarse en los mercados.
La AIReF también advirtió de los efectos contables de la medida: la condonación aparecería como un aumento de ingresos para las autonomías y, al mismo tiempo, como un gasto para el Estado, lo que limitaría la capacidad de este último en 83.000 millones, al tiempo que ampliaría el margen de gasto regional. Por ello, el organismo insiste en la necesidad de introducir alguna condicionalidad fiscal ligada al acceso a la quita.
En cualquier caso, el texto aprobado por el Gobierno es solo el primer paso: aún deberá pasar por el Congreso y el Senado, donde podrían introducirse cambios. De hecho, Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, ya ha planteado que la medida incorpore condicionantes adicionales, mientras que el PP exige que vaya acompañada de una reforma integral del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014.
La metodología diseñada por Hacienda contempla tres fases y sitúa a Andalucía y Cataluña como las principales beneficiadas. El reparto tiene en cuenta la población ajustada de cada región, eleva la quita de aquellas que están por debajo de la media -para que todas alcancen un mínimo del 19% de reducción de deuda- y aplica ajustes correctores para compensar a las comunidades que recibieron menos recursos entre 2010 y 2022.
Según cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentrarán las mayores reducciones, con un total de 55.747 millones, es decir, el 67% de toda la quita prevista. Esto explica, señalan, por qué será difícil que los gobiernos autonómicos renuncien a esta oportunidad, aunque suponga solo una solución parcial al problema de la financiación.
En cifras globales, las comunidades gobernadas por el PP recibirán el 71,7% de la condonación, unos 59.714 millones. La deuda condonada equivaldrá al 24,6% del endeudamiento autonómico hasta marzo de 2025, con especial incidencia en Canarias (51%) y Andalucía (46,4%). También se situarán por encima de la media nacional Asturias (37,3%), Galicia (33%), Extremadura (30,7%), Castilla-La Mancha (30,4%), Castilla y León (26,1%), La Rioja (25,3%), Cantabria (25%) y la Región de Murcia (24,9%).