(El País, 06-05-2026) | Laboral
El Gobierno ha dado luz verde este martes, en el Consejo de Ministros, a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla 27.232 nuevas plazas para la Administración General del Estado (AGE). De ellas, 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna. Si se añaden las 9.785 plazas ya previstas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el total supera ligeramente las 37.000, según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión del Ejecutivo. En conjunto, la cifra es algo superior a la de 2025 (36.588 plazas), aunque se queda unos 3.000 puestos por debajo del máximo alcanzado en 2024, cuando se superaron las 40.000.
Los sindicatos del ámbito público -CCOO, UGT y CSIF- ya han mostrado su rechazo a esta oferta y prevén no apoyarla por segundo año consecutivo. Por un lado, critican no haber conocido los detalles hasta el mismo día de su aprobación, lo que consideran una falta de transparencia y de diálogo. Por otro, consideran insuficiente el volumen de plazas, ya que el Gobierno ya había anticipado que sería similar al del año anterior, algo que, a su juicio, no permite generar el empleo neto necesario en la Administración.
Según indicó López, una de las principales novedades de la OEP de 2026 es su enfoque en la digitalización de los servicios públicos. En este sentido, se incluyen 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la convocatoria anterior. Además, por primera vez se organizarán procesos selectivos por especialidades dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de incorporar perfiles en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.
El ministro destacó que el uso de servicios digitales públicos en España supera la media europea (83% frente a 75%) y que el país se sitúa siete puntos por encima en digitalización de la Administración, según datos de la Comisión Europea. Aun así, el Ejecutivo pretende incrementar en un 25% los trámites digitales. "Queremos trasladar al sector privado que la digitalización servirá para transformar el empleo, no para destruirlo", afirmó.
Como ejemplo, López subrayó que esta oferta permitirá crear unos 6.200 empleos netos en la Administración central, es decir, más incorporaciones que salidas. No obstante, esta cifra apenas mejora en unos 800 puestos la del año anterior (5.400), lo que también ha contribuido al rechazo sindical, que reclama un mayor refuerzo de las plantillas.
Otra de las novedades es la inclusión de 346 plazas dentro de una oferta extraordinaria destinada a afrontar retos relacionados con la emergencia climática, con perfiles como meteorólogos, ingenieros de montes o especialistas forestales.
Desde Función Pública se ha señalado que la planificación de esta oferta responde a tres grandes prioridades: avanzar en la digitalización, mejorar los servicios esenciales y reforzar áreas estratégicas. Según el ministerio, se busca dar respuesta inmediata a necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental. Sin embargo, los sindicatos han criticado que no se haya contemplado una oferta extraordinaria para reforzar los servicios encargados de la regularización de inmigrantes, un ámbito en el que, según denuncian, ya se están produciendo retrasos y problemas por falta de personal suficiente.