(El País, 30-04-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo inició el proceso institucional para reducir la jornada laboral el 25 de enero de 2024, hace ya 15 meses. En esa fecha, convocó por primera vez a sindicatos y representantes empresariales con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permitiera cumplir una de las promesas clave del Gobierno de coalición: reducir la jornada laboral máxima semanal de 40 a 37,5 horas. Este martes estaba previsto que el Consejo de Ministros avanzara con el proceso, concluyendo la fase correspondiente al Ejecutivo y dando paso a la tramitación parlamentaria. Sin embargo, Trabajo ha confirmado que la reunión del gabinete de ayer se centró exclusivamente en medidas relacionadas con el reciente apagón, aplazando el debate sobre la jornada laboral para la próxima semana.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había anunciado este paso durante el cierre del Congreso de CC OO Industria la semana pasada. Se espera que el proyecto de ley regrese al Consejo de Ministros en segunda vuelta la próxima semana, incorporando los informes preceptivos y consultivos, para su posterior aprobación y envío al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación legislativa.
El texto que se someterá a debate parlamentario es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el respaldo de las organizaciones empresariales. Tras una larga negociación, primero por separado y luego junto al Gobierno, Díaz cerró el pacto con CC OO y UGT, que fue presentado públicamente el 20 de diciembre.
Tras debates internos entre los ministerios de Economía y Trabajo, el anteproyecto fue aprobado en primera ronda por el Consejo de Ministros el 4 de febrero. Casi dos meses después, volverá a ese mismo órgano antes de pasar al Congreso. Aunque se da por seguro el respaldo de las fuerzas de izquierda y del PNV, el apoyo de Junts es incierto. En una reciente comisión parlamentaria, el grupo catalán declaró a Díaz: "Nosotros tampoco avalamos este proyecto de ley en este momento", en una postura similar a la de la patronal.
El anuncio se produce pocos días antes del Primero de Mayo, justo cuando los sindicatos han intensificado la presión sobre el Gobierno. Unai Sordo, secretario general de CC OO, afirmó: "Queremos decirle al Gobierno que esto debe tramitarse ya. Que haya menos atención mediática no significa que bajemos la exigencia. Hay que acelerar". Pepe Álvarez, líder de UGT, añadió: "No se puede seguir retrasando este proceso legislativo".
Por su parte, la patronal CEOE expresó su rechazo frontal a la medida, calificándola de "oportunismo político evidente" por su coincidencia con el Día Internacional del Trabajo. En un comunicado, advirtió del "grave impacto" que la medida puede tener sobre la economía y el empleo, en especial en pymes y ciertos sectores.
La propuesta también incluye una reforma del sistema de control horario, que deberá ser digital, accesible, fiable e interoperable, eliminando el uso del papel. Este sistema deberá estar disponible permanentemente para la Inspección de Trabajo. Asimismo, el proyecto reconoce el derecho a la desconexión digital.
Otra novedad importante es el endurecimiento de las sanciones por incumplimientos relacionados con el registro de jornada. A partir de ahora, cada trabajador afectado implicará una infracción individual, en lugar de una sanción única por empresa, como ocurre actualmente. Esto implicará un aumento considerable en las multas.
Una vez aprobado el texto en el Parlamento y si no se modifica el calendario previsto, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva normativa. El anteproyecto ya pasó su primera revisión en el Consejo de Ministros el 4 de febrero y ha superado trámites como el del Consejo Económico y Social (CES), que si bien valoró positivamente el objetivo social, cuestionó la solidez del análisis económico presentado, considerándolo "incompleto y con fundamentos insuficientes".