(El País, 02-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La futura normativa tiene como objetivo reforzar la claridad de las condiciones aplicables a este tipo de financiación y mejorar la protección de los consumidores. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno prevé aprobar a lo largo del mes de enero una nueva regulación destinada a poner límites a los intereses de los créditos al consumo.
Según explicó este jueves en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la iniciativa pretende aumentar la transparencia en estos productos financieros y ofrecer mayores garantías a los usuarios. Entre las novedades, se establecerá un plazo mínimo de 24 horas para que los clientes puedan aceptar una oferta de crédito, con tiempo suficiente para informarse y valorar la decisión.
Cuerpo detalló que la regulación reforzará la protección de los consumidores en tres ámbitos principales. En primer lugar, la transparencia: cuando se anuncien créditos rápidos, microcréditos o tarjetas revolving, la publicidad deberá reflejar no solo la rapidez en la obtención del dinero, sino también el resto de condiciones, con el fin de evitar mensajes engañosos basados en la inmediatez.
En segundo lugar, se impondrá la obligación de que transcurra al menos un día entre la oferta vinculante y su aceptación, con el objetivo de reducir decisiones precipitadas sobre productos financieros de especial complejidad. Por último, la norma incorporará límites máximos a los costes asociados a este tipo de créditos.
El ministro también avanzó que a partir de 2026 se introducirán cambios para simplificar los trámites administrativos de las empresas mediante el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, se está desarrollando una herramienta similar a "un ChatGPT para pymes" o a "un Géminis", que permitirá a las compañías conocer las ayudas disponibles y gestionar las solicitudes de forma automatizada, con datos ya precargados, de manera comparable al borrador de la declaración del IRPF.
En relación con la inteligencia artificial, Cuerpo defendió una regulación orientada a la protección de los usuarios. A su juicio, es necesario alcanzar un equilibrio que no frene la innovación tecnológica, pero que garantice unas normas básicas y salvaguardas mínimas.
Por otro lado, el ministro subrayó que la vivienda constituye "el principal desafío de esta legislatura" y aseguró que el Ejecutivo está actuando sobre todas las vertientes del problema. Entre las medidas, destacó la recuperación y ampliación del parque público de vivienda para facilitar el acceso a precios asequibles, especialmente en alquiler, a través de la nueva empresa estatal Casa 47.
Esta entidad, según explicó, gestiona entre otros activos los procedentes de la Sareb, con el objetivo de ponerlos al servicio de la ciudadanía. Asimismo, Cuerpo defendió la necesidad de impulsar un mayor esfuerzo inversor en colaboración con el sector privado para reconstruir la oferta residencial, tras más de diez años en los que el peso de la construcción en la economía pasó del 13% al 6% del PIB.