(La Vanguardia, 16-06-2026) | Fiscal
El Gobierno prolongará hasta final de año la obligación impuesta a los operadores mayoristas de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de remitir semanalmente información detallada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre sus costes de adquisición y los precios de venta de carburantes a las estaciones de servicio.
La decisión fue comunicada este lunes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una reunión mantenida con representantes del sector petrolero, en la que también participó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
La medida forma parte del paquete aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra con Irán. Inicialmente, la obligación de informar a la CNMC tenía una vigencia de tres meses, aunque el decreto que la regulaba contemplaba la posibilidad de prorrogarla. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes su extensión hasta el próximo 31 de diciembre.
La participación del Ministerio de Economía en el encuentro responde a una ronda de contactos impulsada por el Ejecutivo para evaluar el impacto que el conflicto está teniendo sobre distintos sectores de la economía española. En los próximos días también se celebrarán reuniones con representantes del sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el tejido industrial, en colaboración con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
El objetivo de estos encuentros es analizar la evolución de la situación internacional y determinar si resulta necesario mantener, modificar o ampliar el Plan de Respuesta aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo para mitigar los efectos económicos de la crisis.
La valoración preliminar del Ejecutivo es positiva. Según las estimaciones manejadas por el Gobierno, las medidas adoptadas han contribuido a amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre la economía española, especialmente en los precios de los carburantes. El efecto de este paquete de actuaciones se traduciría en una moderación cercana a un punto porcentual de la tasa general de inflación.
No obstante, el Ejecutivo sigue atento a la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo. En particular, la posible reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, será determinante para evaluar el alcance definitivo de las medidas de apoyo.
La vigencia inicial del plan concluye el próximo 30 de junio, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad. La evolución de los mercados energéticos y el impacto económico de una eventual normalización del tráfico marítimo en Ormuz serán factores clave para decidir si las ayudas se extinguen en la fecha prevista o si, por el contrario, se prolongan bajo nuevas condiciones.