(El Economista, 09-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha decidido prorrogar hasta finales de este año la moratoria contable que permite a las empresas no tener en cuenta, a efectos legales, las pérdidas registradas durante 2020 y 2021. Esta medida busca evitar que los efectos económicos derivados de la pandemia generen desequilibrios patrimoniales que obliguen a las compañías a disolverse. La continuidad de esta excepción había quedado en suspenso tras el rechazo en el Congreso del decreto ómnibus, que pretendía alargar su aplicación hasta 2027.
Para corregir esta situación, el Ejecutivo optó por incorporar esta extensión dentro del paquete de medidas contra los aranceles impuestos por Estados Unidos. En un principio se planteó extender la moratoria hasta 2027, pero finalmente se fijó su duración hasta finales de 2025, tras las objeciones del Partido Popular, que consideraba excesivo el plazo propuesto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que esta renuncia muestra los márgenes de negociación existentes con los grupos parlamentarios.
Aunque el PP argumentó que la medida no guardaba relación directa con los aranceles, el Gobierno la justificó al señalar que también debe protegerse a las empresas de los efectos económicos derivados de los aranceles, como se hizo anteriormente con los daños causados por fenómenos como la DANA.
Asimismo, el nuevo Real Decreto-ley contempla un plazo excepcional para reformular las cuentas anuales de 2024. Aquellas compañías que ya las hubieran presentado antes de la entrada en vigor de la norma tendrán hasta final de año para rehacerlas. El texto legal aclara que los administradores podrán volver a formular las cuentas, el informe de gestión (incluyendo el estado de información no financiera), la propuesta de aplicación del resultado y, si corresponde, las cuentas consolidadas, en un plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del decreto.
Por otro lado, la SEPI deberá esperar para recuperar los fondos públicos entregados a través del Fondo de Solvencia a empresas consideradas estratégicas. Aunque esta moratoria concede cierto alivio, algunas compañías siguen afrontando serias dificultades financieras o están inmersas en procesos de reestructuración patrimonial.
Es el caso de Losán, una empresa del sector de la madera que recibió 35 millones de euros y se acogió al preconcurso de acreedores. O de Serhs, grupo del sector turístico y de la restauración, cuya reestructuración de deuda se ha complicado debido a la oposición de CaixaBank, su principal acreedor con una exposición superior a los 19 millones de euros.
La aerolínea Air Nostrum también se beneficia de esta prórroga. En enero aplazó los pagos al fondo estatal y se enfrentaba a la necesidad de ampliar capital o encontrar un nuevo financiador, al no haber devuelto todavía los más de 140 millones recibidos.
En cambio, otras empresas tienen un horizonte más incierto. Duro Felguera, por ejemplo, sólo podría esquivar la insolvencia si la SEPI transforma en acciones los 100 millones de euros de un préstamo participativo, algo que no se resolverá, como mínimo, hasta junio. Por su parte, firmas como Hotusa ya han comenzado a devolver parte del dinero recibido. La cadena hotelera, propietaria de Eurostars, ha reembolsado 128,5 millones de los 241 millones concedidos. En total, la SEPI ha logrado recuperar 745 millones de los 2.681 millones entregados en los últimos tres años.