(El País, 27-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno está decidido a llevar al extremo su política de control de precios en el mercado de la vivienda. "Quien no cumpla con la ley de vivienda, no recibirá financiación del Gobierno central", advirtió este jueves la ministra del área, Isabel Rodríguez, en una entrevista televisiva. Haciendo referencia al poder económico que el Ejecutivo tiene sobre las comunidades autónomas, recordó que entre el 70% y el 75% de las políticas de vivienda que ejecutan las autonomías están financiadas por el Estado. "Mi intención es seguir apoyándolas económicamente, pero no puedo tratar igual a quienes hacen un esfuerzo y cumplen la ley que a quienes, por atacar al Gobierno, se muestran desobedientes", afirmó Rodríguez, en clara alusión a la Comunidad de Madrid.
La ministra fue especialmente crítica con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de desobediencia frente a una ley que busca aliviar la presión del mercado del alquiler. "Esto no se trata de ponerle trabas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Se trata de que miles de madrileños sufren por su insumisión a la ley. Gente que no puede acceder a una vivienda, como maestros, enfermeros y otros empleados públicos de la Comunidad de Madrid, que se ven obligados a compartir piso. Esto es socialmente insostenible", subrayó Rodríguez.
El conflicto entre ambas no es nuevo. Incluso antes de la aprobación de la ley en el Congreso en abril de 2023, Ayuso ya había dejado claro que no la implementaría en su comunidad. Otras regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) la apoyaron, y desde entonces, el Ejecutivo ha enfrentado una resistencia abierta por parte de la oposición, que ve estas medidas como intervencionistas, contrarias a la libertad de mercado y perjudiciales para la inversión. En respuesta, el Ministerio de Vivienda ha amenazado con cortar los fondos a las autonomías que se nieguen a aplicar la normativa. Sin embargo, algunos analistas creen que esta advertencia tiene poco impacto.
"El control de precios es competencia de las comunidades autónomas. No hay incumplimiento de la ley porque la normativa deja su aplicación en manos de las autonomías", explica José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Según él, para que el Gobierno recortara la financiación, sería necesario modificar la ley y hacer obligatorio el control de precios. "Solo entonces se podría hablar de incumplimiento y aplicar sanciones", precisa. El Gobierno se enfrenta a un dilema entre su intención de imponer su política de vivienda y las restricciones legales, además de la fragilidad parlamentaria que dificulta cualquier cambio legislativo.
Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, considera incierto que el recorte de financiación sea viable y, de serlo, cree que no sería lo que el país necesita. "Nuestros políticos deben llegar a acuerdos porque la vivienda es un problema nacional, que afecta al crecimiento económico, al modelo social y al futuro del país. El diagnóstico está claro: falta oferta, y las soluciones también: más seguridad jurídica, más suelo disponible y menos burocracia", detalla.
El rechazo de los analistas contrasta con la visión favorable de Sumar, que apoya la medida. "Las comunidades del PP que no aplican la ley de vivienda y permiten abusos con precios desorbitados deben cumplirla. Una forma de presionarlas es condicionando los fondos estatales destinados a la vivienda", afirmó Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, recordando que esta medida fue inicialmente promovida por su partido. Sin embargo, desde el PSOE aseguran que esta postura ha sido defendida históricamente por ellos.
Rodríguez adelantó que el ministerio está trabajando en un nuevo plan estatal de vivienda, más ambicioso y adaptado a las necesidades actuales del mercado. Según la ministra, este programa será diferente a los anteriores, ya que la situación actual "no es la misma que en el pasado". Los planes anteriores, explicó, eran un "apoyo" a las comunidades autónomas que ejercían sus competencias sin una ley de vivienda, pero ahora el Tribunal Constitucional ha determinado que "el Estado tiene la competencia para garantizar la igualdad en el acceso a la vivienda". Así, en los territorios donde no se cumple la ley por motivos políticos, habrá consecuencias.
Frente a la oposición de Madrid y otras regiones gobernadas por el PP, el Gobierno confía en que la Ley de Vivienda funcione en Cataluña, donde ya se ha implementado un índice de precios de referencia para limitar los alquileres. "Estamos en un periodo de prueba, pero soy optimista. Con estabilidad y tiempo, la ley ofrecerá soluciones", afirmó Rodríguez.
La ministra insiste en que el control de precios depende de la "determinación" de las administraciones regionales, lo que implica que, si los alquileres siguen subiendo, es por falta de voluntad política. Otro tema en disputa es el uso del suelo público. Rodríguez considera fundamental proteger este recurso para evitar lo que califica como "expolio" en manos de "especuladores y fondos buitre", una acusación dirigida principalmente a Madrid, en relación al futuro de las viviendas de la Operación Campamento. La ley actual permite que las viviendas protegidas se pongan en el mercado libre 15 años después de su concesión.