(El País, 04-03-2026) | Fiscal
El Gobierno ha llamado a la cautela ante el agravamiento del conflicto en Irán, aunque al mismo tiempo ha dejado claro que activará medidas fiscales si la crisis en Oriente Próximo se intensifica. El principal temor es que se repita un escenario inflacionario similar al de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando fue necesario aprobar amplios paquetes de ayudas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los precios sobre hogares y empresas.
La atención se centra especialmente en la energía. Los precios han comenzado a repuntar con fuerza debido a que la tensión afecta a una zona clave para el suministro mundial: el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo global y una parte significativa del gas transportado por mar.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró en TVE que, si la situación termina perjudicando a la economía española, el Ejecutivo está listo para reaccionar con las herramientas necesarias, como ya hizo en 2022. No obstante, desde su departamento se insiste en que todavía es pronto para concretar medidas de apoyo a familias o empresas y se apela a la serenidad mientras evoluciona el conflicto. En la misma línea, fuentes de Hacienda señalan que aún no se están diseñando iniciativas específicas, aunque subrayan que, de adoptarse un plan de respuesta, incluiría previsiblemente un componente tributario.
En 2022, la guerra en Ucrania desencadenó una grave crisis de materias primas -energéticas, agrícolas y minerales- que evidenció la dependencia estratégica europea y provocó una inflación inédita en décadas. En España, los precios llegaron a superar el 10%; el gas rebasó los 300 euros por megavatio hora y la electricidad alcanzó picos superiores a los 400 euros/MWh en el mercado mayorista. Para paliar ese escenario, el Ejecutivo aprobó distintos paquetes anticrisis que, solo en ese ejercicio, movilizaron 22.000 millones de euros.
Entre las medidas figuraron límites a la actualización de los alquileres, refuerzos del ingreso mínimo vital y, sobre todo, actuaciones en el ámbito energético y fiscal. Se redujo el IVA de la electricidad y de determinados alimentos básicos, se rebajó el impuesto especial sobre la electricidad, se suspendió el gravamen a la generación eléctrica y se aprobaron bonificaciones a los carburantes y ayudas al transporte. Precisamente, las principales asociaciones del transporte por carretera ya han solicitado al Gobierno que tenga preparado un plan de apoyo por si la situación empeora.
El Ejecutivo asegura que está siguiendo de cerca la evolución de los precios de la luz y los combustibles, así como su posible repercusión en el transporte, la logística y, en consecuencia, en el sector alimentario. La ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó tras el Consejo de Ministros que la exposición directa de España al conflicto es reducida, aunque pidió prudencia ante la incertidumbre internacional y advirtió de que el impacto dependerá en gran medida de la duración de la crisis.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, coincidió en que aún es prematuro medir el alcance real de la volatilidad energética, aunque reconoció que ya se han producido subidas relevantes. Tanto Saiz como Planas subrayaron que la diversificación del mix energético y de los proveedores de crudo y gas sitúa a España en una posición más sólida que en crisis anteriores. Aun así, cualquier encarecimiento de la energía termina trasladándose a la cadena agroalimentaria, especialmente a través del coste de fertilizantes y transporte.
El Gobierno, recalcaron, mantiene un seguimiento constante de la situación para evaluar en tiempo real el posible impacto sobre consumidores, industrias y empresas, con el fin de activar ayudas si fuera necesario. Planas insistió en que las decisiones se adoptarán en función de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días.
En lo que respecta a los alimentos, el ministro descartó por ahora intervenir los precios, como proponen algunos socios del Ejecutivo, al no apreciarse todavía efectos directos. En cualquier caso, defendió que el Gobierno ya ha demostrado en crisis recientes su capacidad de reacción, una idea que también respaldó Saiz al afirmar que España está mejor preparada para afrontar escenarios de inestabilidad.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó que, si la coyuntura lo exige, se adoptarán medidas para proteger a los trabajadores. Recordó que en crisis anteriores se activaron instrumentos como la prohibición de despidos vinculados a la situación excepcional, condiciones reforzadas para los ERTE o el Mecanismo RED, pensado para hacer frente a dificultades empresariales o sectoriales. Según señaló, si el conflicto termina teniendo consecuencias económicas y sociales, el Ejecutivo actuará para mitigar su impacto sobre la ciudadanía.