(El Economista, 16-10-2026) | Laboral
La viabilidad financiera del sistema público de pensiones se ha consolidado como uno de los principales ejes de debate económico ante la cita electoral del 29 de noviembre. Los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estiman que la factura anual de las prestaciones por jubilación aumentará desde los 112.861 millones de euros registrados en 2024 hasta alcanzar los 422.315 millones en 2050, multiplicando casi por cuatro el volumen de gasto actual. Pese a que las distintas formaciones políticas han garantizado la protección de las retribuciones de los jubilados, los programas electorales carecen por el momento de concreción sobre la vía para sufragar este incremento estructural.
El incremento proyectado tendrá un impacto significativo sobre la contabilidad nacional. Según las previsiones del departamento encabezado por Elma Saiz, la partida de pensiones elevará su peso sobre la riqueza nacional del 12,7% del PIB en 2024 al 15,3% en 2050, punto en el que el gasto tocaría su techo dentro del esquema de ingresos diseñado en la última reforma legislativa. Por su parte, los análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dibujan un escenario de mayor presión fiscal, situando el impacto del sistema en el 13% del PIB en 2025 y proyectando que alcanzará el 16,4% en el horizonte de mediados de siglo.
La trayectoria alcista responderá a factores demográficos y laborales clave, encabezados por la jubilación de la generación del baby boom, que representa aproximadamente a un tercio de la población española. La salida progresiva del mercado de trabajo de esta cohorte elevará la cifra total de pensionistas desde los 6,65 millones computados en agosto de 2026 hacia cotas próximas a los 17,7 millones de beneficiarios en las próximas décadas. A esta dinámica se suman la mayor longevidad, la incorporación de la mujer al empleo, el incremento de las bases de cotización acumuladas por las nuevas promociones de jubilados y la revalorización automática de las prestaciones ligada al IPC, que tras incrementarse un 2,7% en 2026 prevé un repunte cercano al 3,5% para 2027.
Ante estas magnitudes, los mensajes de los partidos alternan el compromiso con las prestaciones y el diagnóstico de vulnerabilidad del modelo actual. Por un lado, la ministra Elma Saiz defiende la solidez, equidad y sostenibilidad del esquema vigente, recordando que las reformas impulsadas blindaron la actualización con la inflación y reforzaron los ingresos del sistema, al tiempo que reprocha a la oposición su rechazo a dichas medidas.
Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que el mantenimiento y actualización de las pensiones conforma un compromiso innegociable, mientras que desde la portavocía parlamentaria de su formación se advierte de las tensiones estructurales que amenazan la viabilidad del modelo. Finalmente, desde Vox califican la estructura actual de insostenible a largo plazo y plantean analizar alternativas de financiación, como esquemas mixtos de capitalización, si bien subordinan la concreción de medidas al conocimiento actualizado del estado de las finanzas públicas.