(El Economista, 09-03-2026) | Laboral
En enero, el Ministerio de Seguridad Social destinó 1.758,3 millones de euros al pago de las pensiones del sistema de Clases Pasivas, del que se beneficiaron 736.793 antiguos funcionarios. Este gasto supone un aumento del 57,5% respecto al periodo previo a la pandemia. El incremento se explica principalmente por la jubilación de miembros de la generación del baby boom, que dentro de este colectivo ha crecido un 14,06%, así como por el elevado importe medio de las prestaciones que perciben estos antiguos empleados públicos. De mantenerse esta tendencia, el desembolso total previsto para finales de año en estas pensiones rondará los 24.600 millones de euros.
Este aumento del gasto se produce a pesar de que el sistema de Clases Pasivas está en proceso de desaparición desde 2011, año en que dejó de incorporar nuevos cotizantes. Desde entonces, los funcionarios que se incorporan al empleo público pasan a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social. No obstante, muchos de los trabajadores que contribuyeron anteriormente a este sistema han alcanzado ahora la edad de jubilación, lo que explica el crecimiento del gasto en los últimos años.
Tradicionalmente, el sistema incluía a funcionarios de la Administración General del Estado, policías nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas -tanto permanentes como no permanentes-, guardias civiles, personal de la Administración de Justicia, docentes, trabajadores de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como registradores de la propiedad anteriores a 2015. También abarcaba a militares de diferentes escalas, personal de tropa y marinería profesional, alumnos de academias militares y a antiguos cargos del Gobierno como presidentes, vicepresidentes o ministros. Estos profesionales cotizaban al régimen de Clases Pasivas mediante la denominada Cuota de Derechos Pasivos, que les daba derecho tanto a su jubilación como a las prestaciones para sus familiares.
El hecho de que el sistema esté cerrado a nuevas incorporaciones desde 2011 ha provocado que su peso relativo en la economía haya disminuido con el tiempo. Según el informe Proyecciones del gasto público en pensiones en España elaborado por el Ministerio de Seguridad Social en 2023, el gasto en estas pensiones ha pasado de representar el 1,4% del PIB en 2022 al 0,28% previsto para finales de 2025. Esta aparente contradicción -más gasto pero menor peso relativo- se explica en gran medida por el crecimiento del propio PIB, que reduce la proporción que representan estas prestaciones.
El estudio también prevé que la relevancia de estas pensiones dentro de la economía seguirá reduciéndose progresivamente en las próximas décadas. Se estima que en 2030 el gasto representará el 1,18% del PIB, en 2040 el 1%, en 2050 el 0,79%, en 2060 el 0,61% y en 2070 el 0,38%. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ofrece previsiones algo más prudentes. Según su último informe, el gasto en pensiones de Clases Pasivas equivaldrá al 1,2% del PIB en 2050, una cifra 0,41 puntos superior a la estimada por el Gobierno en 2023, mientras que para 2070 calcula un 0,3%, apenas 0,08 puntos menos que la previsión del Ejecutivo.
En cualquier caso, para que este sistema tenga una presencia prácticamente residual en la economía habrá que esperar a las décadas de 2070 y 2080, cuando previsiblemente estas prestaciones se extingan debido al fallecimiento de los beneficiarios y de sus familiares con derecho a pensión. En enero de 2026, el gasto mensual en estas prestaciones equivalió aproximadamente al 0,1% del PIB español. Si se mantiene el ritmo actual, el peso acumulado de estas pensiones podría situarse en torno al 1,25% del PIB al finalizar el año.
Según cálculos elaborados a partir de los datos del Ministerio de Seguridad Social, la pensión media del sistema de Clases Pasivas alcanza los 2.386,4 euros mensuales. Actualmente, la mayoría de los beneficiarios son funcionarios civiles y sus familias, que en enero sumaban 569.035 personas, el 77,2% del total. Les siguen los militares retirados y sus familiares, con 159.777 beneficiarios (21,7%). El resto corresponde a colectivos más reducidos, como mutilados y familiares afectados, víctimas de guerra o terrorismo y sus allegados (5.265), personas afectadas por VIH (710), así como militares, guardias civiles y policías nacionales condecorados con medallas que incluyen pensión vitalicia (159). También existen otros beneficiarios agrupados en distintas prestaciones, que suman 1.847 personas.
En los últimos siete años, el mayor incremento del gasto se produjo entre 2021 y 2022, cuando el desembolso en pensiones de Clases Pasivas creció un 29,8% interanual, mientras que el número de beneficiarios solo aumentó un 2,2%. Este aumento se debió principalmente al incremento del gasto en jubilaciones civiles bajo la nueva legislación, que pasó de 861,6 millones de euros en enero de 2021 a 1.132 millones en enero de 2022. También influyó el crecimiento del gasto en pensiones para sus familiares, que subió de 72,2 a 94,2 millones de euros. A ello se sumó el incremento de las pensiones de militares retirados bajo la nueva normativa, que pasó de 185,5 millones en 2021 a 231,4 millones en 2022, así como el aumento de las prestaciones para sus familiares, que ascendieron de 48,6 a 62,7 millones de euros.