(El Economista, 11-04-2024) | Laboral
Fedea ha alertado sobre las implicaciones que tendrá la reforma de las pensiones acordada con Bruselas en las cuentas públicas de España. Según esta entidad, el gasto en pensiones aumentará progresivamente hasta alcanzar el 17,8% en 2050, lo que supone 2,5 puntos porcentuales por encima de las previsiones del Gobierno. Este incremento gradual del gasto llevará al déficit del sistema público de pensiones a ampliarse hasta 6,3 puntos en los próximos 25 años, lo que requerirá que el Estado destine el 50% de los ingresos tributarios netos para cubrir esta brecha en 2050, excluyendo las aportaciones regionales y locales. Según los cálculos de Ángel de la Fuente, director de Fedea, este esfuerzo será del 40% durante las próximas dos décadas.
La reforma, aprobada por el Congreso en marzo de 2023, contempla un aumento gradual de las bases máximas de cotización, establece una cuota de solidaridad para mantener la masa salarial por encima de la base máxima, exenta de cotización, y establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que prevé incrementos adicionales en las cotizaciones sociales o ajustes en el gasto en caso de desviaciones en el gasto en pensiones, lo cual podría ocurrir antes de lo previsto.
La Comisión Europea ya ha mostrado preocupación al respecto. A finales del año pasado, revisó a la baja las previsiones económicas en las que se basa la reforma, estimando un crecimiento medio del 1,2% entre 2022 y 2050, por debajo del 2% anual proyectado por el Gobierno español. Además, se espera un informe sobre envejecimiento que Bruselas publicará próximamente, lo que podría precipitar la adopción de medidas correctivas ante un aumento del gasto en pensiones mayor al calculado por el Ministerio de la Seguridad Social.
Fedea estima que será necesario realizar ajustes ya en 2025, una medida que también anticipan el Banco de España y la AIReF. Existe la posibilidad de que el gasto en pensiones no solo llegue antes de lo esperado, sino que también sea mayor de lo estimado. Muchas instituciones pronostican que superará el 13,3% del PIB, el umbral que activa medidas de ajuste automáticas. Según de la Fuente, estas proyecciones activarían inmediatamente la cláusula de salvaguardia, lo que implicaría un aumento de las tasas de contribución social entre 3 y 4 puntos porcentuales. Considera prudente que la Comisión Europea presione al Gobierno para revisar la reforma y aplicar "correcciones importantes" desde su aprobación.
En otro orden de ideas, Fedea critica la laxitud de la Comisión Europea al aprobar varias medidas impulsadas por el Gobierno a cambio de financiamiento comunitario. Señala especialmente la reforma de la vivienda, que busca garantizar el derecho a una vivienda digna pero que podría tener efectos negativos sobre la oferta de alquileres asequibles. Además, critica la falta de políticas fiscales de impacto en los últimos años y la necesidad de reformas en el ámbito laboral y fiscal que el Gobierno todavía no ha abordado.